Es fenómeno comprobado que toda crisis económica conlleva consecuencias y este es el caso de familiares residentes en el exterior que se ven obligados a reducir los montos de las remesas que enviaban a sus parientes. Se ha indicado, por diversos medios, que muchos de esos residentes confrontan problemas, especialmente en España, porque no hay las condiciones precisas como para lograr excedentes y que, la medida inmediata sería reducir los montos de envío a sus países de origen.
Los montos anuales que recibía nuestro país por ese concepto cifraban -más o menos- en mil millones de dólares, monto que ayudaba grandemente al ingreso de divisas. El hecho de que ahora, por la crisis y otras causas disminuyan esos montos, no deja de ser preocupante, especialmente para familias que sólo contaban con esos dineros para subsistir. Economías que se han visto enfrentadas a la crisis y que cuentan en su población con gran cantidad de residentes bolivianos, forzosamente se han visto obligadas a reducir los índices de empleo y, como casi siempre ocurre, los primeros afectados son los residentes de otros países, que se ven obligados a deambular de un trabajo a otro para ganar el diario sustento.
Lo grave y sensible es que muchas familias -como ocurre en todos los países del Cuarto y Tercer Mundo- ven constreñidas sus posibilidades de subsistencia y enfrentarán situaciones difíciles. Los que se encuentran en condición de desempleados y no perciben jubilación o renta de vejez alguna, tampoco pueden conseguir ninguna ayuda gubernamental como ocurre en muchos países ricos y desarrollados, donde los montos de cooperación a los desempleados es muy importante por ser ayuda que alivia situaciones de extrema necesidad y subsiste hasta que el desempleado logra un trabajo que le permita ingresos.
El caso boliviano es patético porque muchos ancianos que no perciben ninguna renta, si bien pueden acudir a las llamadas rentas de vejez con montos mínimos, no cuentan con otros ingresos como los que recibían de parientes radicados en el extranjero. Lo más trágico en muchos casos es que hay ancianos que no cuentan con seguro médico y el escaso dinero que perciben no les alcanza para solventar atención médica y farmacéutica.
Sería muy bueno que, ampliando las fronteras de la seguridad social que otorga la Caja Nacional de Salud, se creen sistemas que permitan ayudar a los desempleados para atención de sus urgencias médicas. Se dirá que no hay presupuesto para ello; pero, reducir algo del excesivo presupuesto de Defensa o de algunos ministerios, sería prudente y solidario; por otra parte, hay muchas partidas del gasto público que bien podrían destinarse a compensar en algún modo las falencias sufridas por quienes, los más necesitados, recibían remesas y no contarán con ellas.
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