La inviolabilidad de territorios

Una sugestión de carácter jurídico que cuestionó toda agresión, con fines de segregación o despojo territorial, fue asumida, hace 150 años, aproximadamente, por el jurista Agustín Aspiazu.

Él, con el objeto de preservar la política de buena vecindad entre los países de Latinoamérica, lanzó la teoría relativa a la inviolabilidad de territorios, en un trabajo interpretativo del Derecho Internacional, ampliamente difundido y comentado, dentro y fuera de nuestras fronteras, en el Siglo XIX.

“Es inviolable el territorio de una nación. Ninguna potencia extranjera puede apoderarse ni aún a título de seguridad propia”, anota Agustín Aspiazu, en el capítulo III, subtítulo VI que corresponde al tema “Inviolabilidad del Territorio” – Artículo 56 -, pág. 64, de su libro “Dogmas del Derecho Internacional”, editado en la Imprenta de Hallet & Breen de Nueva Cork, el año 1872.

“Sin esta inviolabilidad, las personas y los bienes de los particulares correrían peligro à cada paso. De dos modos puede violarse el territorio ajeno: ya ocupándolo con ánimo de retenerlo y señorearlo, o ya usando de él sin consentimiento del diseño, y contra las reglas del derecho de jentes”, subraya.

En consecuencia nuestro compatriota Agustín Aspiazu ha ratificado una tendencia jurídica opuesta a toda acción expansionista, invasora o conquistadora, que pudiera modificar la demarcación de las fronteras territoriales, en desmedro de la paz, de la amistad y la integración regional. Un enfoque que se hizo patente acorde con los requerimientos del momento histórico, pues ha invocado, con sus lucubraciones de Derecho Internacional, al entendimiento civilizado, a fin de resguardar territorios o fronteras, en el marco de respeto, cordura y cordialidad, por el bien común.

La moción del jurista, expresada en circunstancias que imperaba la ley del más fuerte, alcanzó resonancia, al correr 1879, como efecto de la infausta noticia de que Chile, en connivencia con el poder económico inglés, había tomado el Departamento Litoral, hecho que provocó el más que centenario encierro geográfico.

Problema que concita hoy la atención de quienes administran la justicia desde La Haya. Asimismo de la comunidad internacional que desde hace mucho tiempo se ha dignado expresar su más firme y desinteresado respaldo a la causa boliviana. Y de ciertos sectores sociales del pueblo chileno, obviamente. Empero la “elite” del país vecino continúa empeñada en excluir al tribunal de la Organización de Naciones Unidas (ONU) del debate relacionado con el tema marítimo. Insiste en que aquél no tiene competencia para tratar dicho asunto. He ahí el ardid chileno que pretende evitar o diluir la demanda interpuesta por Bolivia en los estrados de la Corte Internacional de Justicia.

La demanda marítima, que radica en La Haya, ha generado una suerte de odio e intimidación, en contra de los bolivianos. Es una actitud propia de la idiosincrasia chilena, de los Portales, Merino, Piñera, Muñoz y tantos otros, quienes, por utilizar un lenguaje procaz, insultante y discriminador, corroboraron nuestra afirmación. Algunos han empleado, inclusive, palabras de orden despectivo, que hirieron la dignidad de la población boliviana.

En suma: la inviolabilidad de territorios propugnada por Agustín Aspiazu está vigente ahora más que nunca.