Mario Alfonso Ibáñez M.
Esa nociva patología del asalto a los cargos directivos de los entes descentralizados y desconcentrados de la estructura estatal, de ninguna manera debe extenderse a instituciones con autonomía de gestión y patrimonio propio porque eso significaría fracturar los principios de legalidad de la propiedad privada, tanto más si aquel intento estuviera dirigido a conducir organismos relacionados con la vida y la salud del pueblo boliviano.
Es por esta razón que médicos, personal paramédico, administrativo y trabajadores de la Caja Petrolera de Salud, rechazaron la designación de ejecutivos más inclinados a cumplir compromisos políticos que atender con celo los requerimientos de miles de pacientes pertenecientes a dicho centro de salud.
El Art. 35 de la Constitución señala: “El Estado garantiza el servicio de salud público y reconoce el Servicio de Salud Privado”. El numeral 1o. del Art. 56 de la Carta Magna puntualiza: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual y colectiva siempre que ésta cumpla una función social”.
El DS 25.471 de 28/7/1999 establece que el INASES (Instituto Nacional de Seguros de Salud) es responsable del control y fiscalización de los seguros de salud con facultades de evaluación y supervisión. Sin embargo, el Inciso e) del Art. 6o. señala: “Aprobar solicitudes de los entes gestores para el establecimiento de administraciones regionales, distritales y zonales”. Esto con claridad meridiana pone en claro que, de acuerdo con sus estatutos, cada ente gestor o cada Caja de salud a través de su directorio, está facultado para designar a sus ejecutivos de forma interna o mediante concurso de méritos y hacer conocer al Inases esta decisión y no ser ella la que nombre ejecutivos y menos aceptar presiones de los gobiernos de turno para que sus allegados ocupen dichas funciones, porque tal actitud equivaldría a transgredir principios legalmente establecidos.
El Inases no recibe aporte económico-financiero del Estado para su funcionamiento, el cual es sostenido con aportes patronales y laborales. Por lo tanto, el Estado no puede hacer uso arbitrario de sus recursos económicos como lo manda el DS No. 2.228, aunque sí esté obligado a cumplir normativas generales que dicta el Ministerio de Salud y Deportes para preservar la salud en todos los ámbitos del territorio.
La autonomía de las cajas de salud, también está reconocida en el Punto 4o. del Acuerdo Gobierno-COB firmado en abril de 2011. Por lo tanto, a la COB, en homenaje a sus principios y obligaciones laborales, le corresponde participar en decisiones del INASES a fin de precautelar la vida y la salud del crecido universo de asegurados que en su mayoría pertenecen a gruesos sectores sindicales activos y pasivos. A la actual directiva de la COB le corresponde cumplir su pronunciamiento obrero-sindical publicado en EL DIARIO en fecha 27/2/2011 que expresa: “La Seguridad Social se implementa en nuestro país a partir de la promulgación del Código de Seguridad Social teniendo como principio fundamental proteger la salud de los trabajadores”. De la misma manera tiene la obligación de cumplir el Informe de la Comisión Técnica de la COB de fecha 1 de julio de 2010 que establece “La posición de los trabajadores en torno a las cajas de salud es el respeto a su autonomía de gestión, respeto al patrimonio de las mismas y que no se permitirá que se atente o se permita su desaparición y fusión”. ¿Será posible que, en mérito a estos antecedentes históricos, la actual directiva de la COB haga respetar la institucionalidad del INASES y de las cajas de salud y no sean objeto del manoseo político en perjuicio de los trabajadores activos y pasivos del país?
El 2o. párrafo del Art. 4o. del DS 25.798 define el campo de ejecución y funcionamiento del Inases de los siguientes gestores del sistema de salud: “Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera de Salud, Caja Bancaria Estatal de Salud, Caja de Salud de la Banca Privada, Caja de Salud de Caminos, Seguro Social Universitario, Caja de Salud CORDES y Seguros Delegados”. Es posible que no en su totalidad, pero sí en su mayoría, todos estos entes gestores de salud, a la fecha, están alcanzando sostenibilidad para garantizar una salud digna, oportuna, con calidad y eficiencia, tal como lo demandan los 22 artículos del decreto de creación del INASES y como testimonio de ello, están los modelos de trabajo de la Caja de Salud CORDES y del Seguro Social Universitario que desde su nivel administrativo, pasando por el de enfermería, hasta llegar a los profesionales médicos, su atención se traduce en calidad y calidez, a favor de los asegurados del sistema y del Seguro Voluntario Individual y Colectivo, sin descuidar el adecuado equipamiento, la infraestructura y la eficiente atención hospitalaria.
Para un tránsito equilibrado y tranquilo de la actual gestión de gobierno del presidente Morales, es imprescindible que algunas instancias del Estado traten de disminuir el cúmulo de conflictos sociales artificialmente creados. Se hace necesario respetar los organismos legalmente constituidos como el Inases y las gestoras o cajas de salud y no poner en peligro la vida de millones de trabajadores manuales e intelectuales que se benefician con el Sistema de Salud Privado cautelado por la OMS, la OPS y la Constitución del Estado Plurinacional.
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