Federico Zelada Bilbao
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, si bien no es tan arbitraria como el Tribunal Electoral masista, no es precisamente un ente imparcial, fue creada al final de la Segunda Guerra Mundial (1945) como el máximo tribunal internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y tiene como miembros permanentes predominantes, dentro de los 15 juristas que la conforman, a los cinco también miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, a saber: Rusia, China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, todos estos con antecedentes de invasión y dominio de territorios de otros países y los tres últimos son miembros, al igual que Chile, de la OCDE, es decir, del club mundial de los países ricos. Además actualmente Chile es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La Corte Internacional en estos 67 años, desde que emitió su primer fallo en 1948, en los 117 casos que atendió dio la razón al demandante únicamente en 33% de todos los casos. Pero si nos referimos solamente a los diferendos territoriales, que fueron 48 en toda su vida institucional, sólo el 27% fueron a favor del demandante, lo que equivale a decir que tenemos un 73% de posibilidades de que la Corte falle neutral (40%) o que niegue nuestra demanda (33%).
Si la Corte fallara a nuestro favor, sentaría jurisprudencia mundial y es muy probable que detrás de Bolivia estén muchos países, con similares problemas, atentos a lo que nos suceda para tratar de incorporar sus temas en esta Corte, los cuales son, probablemente, tan agobiantes y penosos como nuestro enclaustramiento, y querrán solucionar sus conflictos en este escenario pacífico.
Pero cabe aclarar que la Corte de La Haya, no está ahí para cambiar el orden mundial, sino, por el contrario, para preservarlo frente a las arremetidas de los países pobres y oprimidos como el nuestro. Por ello los fallos de la Corte así sean a favor del demandante son, para calificarlos de algún modo, insuficientes ante los intereses de estos países y por eso en su alegato Chile utilizó códigos internacionales que son casi axiomas (no se puede sobrepasar acuerdos o reemplazarlos por promesas y compromisos y lo más grave, amenaza con que no se puede movilizar fronteras).
Finalmente, es necesario mencionar que la obstinación y dureza con la que el Gobierno chileno, dirigido por Michelle Bachelet, contestó nuestra demanda, muestra que los falsos socialistas que actualmente gobiernan nuestros países latinoamericanos son funcionales y completamente serviles al viejo poder de las oligarquías (nativas y extranjeras), que dominaron y siguen dominando nuestras tierras. Por ello, el anhelado encuentro de los países latinoamericanos en general, y de los tres involucrados en este caso en particular (me refiero a Perú, Chile y Bolivia), parece que tardará en llegar.
En realidad, considero que un verdadero encuentro de estos tres países hermanos sólo se dará cuando nuestros pueblos se sacudan del sometimiento de las oligarquías y de sus gobiernos títeres, que aunque disfrazados de socialistas o indígenas, en verdad representan los intereses de estas élites de poder que hasta el presente nos someten y nos empobrecen.
El autor es ex-Rector de la UPEA y docente titular de la UMSA.
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