Aunque no lo queramos, los hombres del Siglo XXI somos parte de un mundo globalizado, en el cual la información circula con velocidad impresionante, y permite a cualquier persona enterarse de los acontecimientos sucedidos en todo el mundo; por eso ahora hay, ya, una opinión pública mundial capaz de discernir, y, en su caso, presionar para que la justicia se establezca en todos los rincones del mundo, como lo vemos en manifestaciones realizadas en los lugares más insólitos pidiendo esto o aquello, para gente que vive en lugares distantes.
Nada nos es ajeno en este mundo donde está brotando la voz de la solidaridad, que grita por las víctimas de Boko Harán o ISIS, en Latinoamérica; o la palabra que demanda justicia para los afroamericanos maltratados en EEUU, y se levanta en Australia o Indonesia. Por eso, la demanda boliviana que se ventila en La Haya está siendo oída y valorada por millones de personas a lo largo del mundo. Esa gente ha escuchado las fundamentaciones de los dos litigantes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y, de una manera u otra, se ha formado por lo menos una idea de la cuestión.
La CIJ de La Haya es un foro de resonancia mundial, donde habla la voz de la razón, encarnada en el Derecho; y donde también está comenzando a hablar al mundo entero, la historia de una guerra de conquista y despojo de Chile a Bolivia. El Derecho trata sobre la legítima facultad de alguien para poseer un bien. Bolivia ha sido y es, un país pacífico que ha enfrentado invasiones y ha tenido que defenderse.
En el caso del Litoral, Chile lo ha ocupado en un acto de piratería, desembarcando tropas en Antofagasta, sin haber declarado la guerra a Bolivia. Se trata, por lo tanto, de un acto de despojo, de un robo. ¿El Derecho consolida en alguno de sus principios la posesión del objeto robado, o de uno obtenido mediante el chantaje o la estafa? Otra pregunta: Si hubo guerra justa que le permita a Chile apropiarse de un territorio, ¿cuál ha sido el motivo que lo empujó a defenderse contra Bolivia que atentaba contra sus posesiones, como Estado?
Al demandar Bolivia a Chile ante la CIJ está mostrando su vocación de diálogo; su aceptación de los principios del Derecho; su sentido de justicia, y la confianza de que los jueces han de actuar con probidad, imparcialidad, en estricto cumplimiento de los principios racionales que fundamentan la ciencia del Derecho; está mostrando su posición pacifista. Está pidiendo que Chile cumpla con sus compromisos, libremente hechos a nuestro país, en varias oportunidades, después de haber firmado el tratado de Bogotá, de entrar en negociaciones con el objeto de otorgarle una salida soberana al océano Pacífico. Esto último es fundamental, pues, si Chile se ha comprometido, y no ha cumplido, la Corte Internacional de Justicia tiene competencia para tratar la controversia planteada, porque esas ofertas incumplidas han sido hechas durante el gobierno chileno de Gabriel Gonzales Videla, en 1950; y por el presidente Augusto Pinochet, en 1975.
Por otra parte, ningún principio jurídico prohíbe que las partes en conflicto puedan revisar y renegociar un tratado; lo contrario sería condenar a un país a estar sometido permanentemente a los intereses del otro, lo cual es irracional, además de injusto. En el campo del Derecho Civil o Penal, es válido revisar un contrato considerado por uno de los firmantes como injusto, o impuesto por la fuerza; y, además, hay el Derecho de Alzada. Que los tratados han sido revisados lo vemos, por ejemplo, en el caso del Canal de Panamá, con el acuerdo Carter-Torrijos, que devolvió ese bien a Panamá, no obstante haberlo tomado EEUU a perpetuidad.
A la aplicación de estos principios jurídicos se opone Chile, considerándolo únicamente un tema bilateral, porque sí, porque “somos más fuertes (que los bolivianos) con las armas que con el Derecho y la Diplomacia”; porque, nosotros, la élite gobernante chilena, queremos seguir explotando a Bolivia para enriquecernos nosotros, no nuestro pueblo; porque nuestros negocios, los de unos cuantos, pueden ser afectados con esa revisión de Tratados; en suma, porque queremos oír nuestros intereses, y no la voz de nuestro pueblo, que como todos los pueblos tiene sentido de justicia, y en el que hay mucha gente que apoya a Bolivia.
El autor es Miembro de Número de la Academia Boliviana de la Lengua, Correspondiente de la Real Española.
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