Juicios abreviados vulneran el debido proceso

En criterio del asesor jurídico del Colegio Médico de La Paz, Sergio Pérez, los procesos abreviados a los que se han sometido dos implicadas dentro del caso Alexander, con el fin de minimizar sus penas, son calificados como “excesivos” y “vulneran el debido proceso”, por la falta de conocimiento de la jurisprudencia por parte del juez y la comisión de fiscales a cargo del proceso, sobre los que prevé, en el tiempo recaerán en serias sanciones.

El 30 abril de este año, la practicante de enfermería, Naty Ch. B., se sometió a proceso abreviado declarándose culpable de encubrimiento de un delito que hasta la fecha aún se investiga.

La estudiante de 24 años de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), el 13 de noviembre de 2014, cumplía sus funciones en la Unidad de Emergencias del Hospital del Niño a donde el lactante fue llevado por una broncoaspiración.

Luego de cuatro meses de detención en la cárcel de mujeres de Obrajes y haber cambiado sus declaraciones en dos ocasiones, Naty Ch. B., llegó a un acuerdo con los fiscales Edwin Blanco y Susana Boyan y volvió a cambiar su versión para recibir una condena de dos años, asegurando que el médico José Luis D.A., la médico internista Sandra M.C. y la enfermera Martha T.A. le ordenaron que se deshiciera de la ropa del bebé Alexander, “con el fin de esconder el (supuesto) sangrado” que el menor presentaba en la región anal.

“Primero, que nosotros creemos que esto es un exceso y una total falta de conocimiento, porque, ¿cómo puede existir encubrimiento, si es que aún no se ha llegado a determinar la autoría?”, cuestionó Pérez.

El asesor jurídico del Colegio Médico explicó que dentro del caso Alexander, los fiscales plantean la comisión de un supuesto delito de violación y que estas autoridades señalan como el responsable a Jhiery F.S., el médico que estaba de turno el 13 de noviembre de 2014 en el Hogar Virgen de Fátima que depende de la Gobernación.

Observó la incoherencia que existe entre la sentencia y el proceso de investigación, pues hasta la fecha, “la supuesta violación” se halla en investigación, y a pesar de la detención, el médico cuenta con el derecho legal de la “presunción de inocencia”.

Según el cuaderno de investigaciones y los informes policiales, el Ministerio Público no ha obtenido ni una sola “evidencia material” que implique al galeno.

Al contrario, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), ha concluido, en cuatro exámenes genéticos, que no existe ADN del médico Jhiery F.S. en ninguna de las evidencias recolectadas, incluidas las muestras tomadas de la cavidad anal del lactante.

Para Pérez, en el largo plazo, la responsabilidad de estos fallos recaerán sobre el juez Rolando Chaca y la comisión de fiscales, que de a poco ha ido disminuyendo hasta quedar solo Blanco y Boyan.

“En este caso, simplemente se manejan hipótesis, no existe una certeza total de la (supuesta) autoría del delito que se hubiese cometido en contra del bebé Alexander (…) Es más, ni siquiera se ha logrado demostrar violación, no existen estudios técnicos científicos que hubiesen demostrado violación”, señaló Pérez.

El jurista, también refutó la postura del fiscal de Distrito, Paúl Franco, sobre que los delitos se catalogan de forma personal, pues si bien la supuesta comisión de un delito es “intuito” persona, en un proceso de varios involucrados estos están unidos como los eslabones de una cadena, por lo que es incongruente que se tipifique la actuación de una persona de forma distinta al hecho que se investiga.

Similar afirmación la efectuó uno de los miembros de la comisión de este caso, Leopoldo Ramos, que al momento se encuentra de vacaciones.

En el mes de marzo, sobre la solicitud para someterse a juicio abreviado de Madelen Paola P.Ch. la madre sustituta del bebé Alexander, que recibió 5 años de cárcel el fiscal Ramos, aseguró que el Ministerio Público “no puede inventarse delitos” y rechazó el documento, en el que la joven de 19 años se inculpaba de “homicidio culposo”, a la salida repentina de esta autoridad, Edwin Blanco efectúa el trato el 27 de abril.