Freddy Illanes Vedia
La defensa del territorio y la soberanía nacional es una obligación de todo boliviano. Cuando desde la cancillería se anunciaba un preacuerdo con Chile sobre las aguas de los manantiales del Quetena (Silala), pre acuerdo guardado en el secreto más absoluto, Mario Castro Fiorilo planteó al Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (Codepanal) hacer un análisis jurídico político del texto de ese acuerdo, que fue difícil conseguir en las esferas del poder Ejecutivo por su hermetismo.
El canciller David Choquehuanca lo comentaba en declaración sin hacer conocer a nadie el contenido de ese preacuerdo hecho en Chile en agosto de 2009. Cuando Choquehuanca viajó a Quetena, según él para que los pobladores del lugar conozcan y aprueben dicho preacuerdo, hizo circular una fotocopia, circunstancia que Codepanal aprovechó para tener una copia casi clandestinamente. Esa copia sirvió para que Mario Castro Fiorilo hiciera un profundo análisis de ese documento claramente antinacional y pro chileno, ya que el pueblo boliviano no conoce esos resultados que señala el aprovechamiento existente y el uso sustentable de las aguas.
Aquí ya se amarra la intangibilidad de la explotación hoy existente del agua por Chile y se le acuña sustentabilidad o sea la continuidad de esa explotación, en un reconocimiento ya expreso, otorgándole a Chile “argumentos” para su acción a futuro. Se dice que este acuerdo es de mutuo beneficio. Sin embargo el único beneficiario de aguas bolivianas es Chile y de todas las aguas al cien por ciento, tiene la facultad de preservar, sostener y aprovechar nuestro sistema hídrico como lo está haciendo. Pero con este acuerdo lo haría sobre la base de “un acuerdo” que después defendería a sangre y fuego como acostumbra.
Si la conservación, la continuidad y el uso y aprovechamiento de las aguas bolivianas es sólo para Chile, ¿dónde está el beneficio para Bolivia? Que esas aguas “fluyen superficialmente a través de la frontera”, es una mentira chilena. Aquí los geólogos y los profesionales hídricos tienen la palabra.
Mario Castro afirma en su libro que esas aguas nunca fluyeron “a través de la frontera”. Las hicieron fluir los chilenos con su canalización usurpadora de este territorio boliviano hacia Chile. Lo más peligroso es que en un artículo se dice que del volumen total de aguas superficiales, “un porcentaje corresponde a Bolivia y es de su libre disponibilidad”. Esto es un regalo gratuito a Chile y es un reconocimiento de la tesis chilena acerca de que el Silala es un río internacional, y que ambos estados son copropietarios y tienen derecho a beneficiarse.
Es decir que tendrían “derecho preferente” y seguirían aprovechando las aguas del Silala la empresa estatal chilena cuprífera (Codelco) y la empresa de ferrocarriles de Antofagasta a Bolivia (FCAB) y otros municipios chilenos que compran el líquido, ya que en este aspecto actúa el grupo económico chileno de Andrónico Luksic.
Según autoridades chilenas, “el asunto salió del ámbito empresarial para convertirse en un litigio internacional y asumiendo defensa de esas empresas porque según ellos se trata de un “río de curso internacional”. Desgraciadamente, el acuerdo si es firmado sería una confirmación del atropello chileno, un reconocimiento escrito de esa usurpación sin derecho a reclamo a futuro.
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