País rico, depauperado por los fariseos de turno

La insurrección del pueblo boliviano de octubre de 2003, por la cual se inmolaron humildes ciudadanos, tuvo la virtud de exigir, entre otras cosas, la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos, como la mejor alternativa para potenciar y diversificar la actividad productiva del país y lograr mejores condiciones de vida para el pueblo boliviano.

Para cumplir con este reto histórico de impostergable ejecución, el Gobierno tuvo que emitir el Decreto Supremo No. 28.701 de fecha 1-5-2006 “Héroes del Chaco”, destinado a la recuperación y control total de los hidrocarburos a favor del pueblo boliviano.

Pero la mencionada nacionalización no ha significado un cambio estructural que permita a YPFB-Corporación controlar y dirigir la dinámica productiva como empresa estatal de las características que señala el DS 28.701 y la Ley 3.058, porque de haberse efectivizado esta proeza histórica, con seguridad se habría resuelto muchos problemas económicos y sociales de la población boliviana, como: extrema pobreza, desempleo, supresión definitiva de las subvenciones por la importación de diésel oíl, importación de alimentos, carencia de hospitales, escuelas, caminos, mayores ingresos para el TGN.

En la práctica, la mencionada nacionalización sui generis se redujo sólo a la adecuación de los nuevos contratos petroleros a las disposiciones legales en vigencia y a la aplicación de la Ley 3.058 que establece un gravamen del 50% a favor del Estado (18% regalías y 32% IDH) y el otro 50% destinado a reembolsar a las petroleras por concepto de “costos recuperables” y la distribución de utilidades.

Por lo demás, el gobierno indígena – campesino dio continuidad a la política energética neoliberal exportadora de materias primas sin valor agregado.

Expertos e instituciones afines al tema energético manifiestan que el manejo técnico operativo en exploración, explotación, producción y las principales decisiones de inversión continúan en manos de las empresas petroleras transnacionales que, sin haber hecho grandes inversiones, recibieron grandes beneficios de los gigantescos pozos y campos petroleros ya desarrollados por el Estado boliviano y sus fabulosas ganancias provienen de muchas fuentes; entre ella citamos:

1) De los costos bajos de producción de gas y petróleo.

2) De los licuables exportados gratuitamente a la Argentina desde el año 1972 (43 años), al Brasil desde 1999 (16 años).

Los responsables de este crimen económico contra el país son todos los partidos políticos en función de gobierno, incluido el actual.

3) De los “costos recuperables” que crecen desmesuradamente y sin disimulo (según la prensa nacional ascienden a más de 11 mil millones de dólares, incluidas las utilidades).

La “Unidad de Fiscalización, Seguimiento y Control” (UFSC) creada por DS 28.701 informa que los “costos recuperables” se acrecentaron por haber sido sobrevaluados los activos, es decir por haber “inflado” las cifras de sus activos para su reembolso correspondiente por el Estado boliviano.

4) De los campos petroleros antiguos, que actualmente son los principales proveedores de hidrocarburos para el consumo interno y externo.

Vale decir que se está consumiendo de forma acelerada las reservas existentes de los campos petroleros antiguos, sin la correspondiente reposición que garantice la sostenibilidad de los ingresos del Tesoro General de la Nación.

Entonces, ¿qué han descubierto las empresas petroleras transnacionales en estos últimos 9 años?, nada, solamente desarrollaron lo que ya fue descubierto por YPFB.