Exigen reconocer a la trata y tráfico como crimen de lesa humanidad

Los defensores del Pueblo de 23 países de Latinoamérica, a los que se sumaron España y Portugal, a la conclusión de la Primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migración y Trata y Tráfico de Personas, realizada esta semana en Colombia, acordaron llevar adelante acciones que permitan proteger los derechos de las víctimas de trata y tráfico y de las y los migrantes. En ese marco decidieron impulsar gestiones para que sus estados y gobiernos, dentro de su ordenamiento jurídico, incorporen los principios internacionales de derechos humanos que no criminalicen la migración y reconozcan la trata de personas como crimen de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma.

Este acuerdo y otros más a los que arribaron tras dos días de debate sobre estas problemáticas, en un evento que fue organizado por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) con apoyo de la Agencia Alemana GIZ, están incluidos en la Declaración de Bogotá que rubricaron e hicieron pública los representantes de las instituciones que trabajan en pro de los derechos humanos, el pasado 13 de mayo.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien además es vicepresidente de la FIO, indicó que también se comprometieron a incrementar los esfuerzos para conseguir que las políticas públicas de erradicación de la trata y tráfico pongan siempre en el centro a la persona, evitando aquellas actuaciones que, en su lucha contra estos delitos, olviden la protección y el derecho a la reparación de cada víctima; además de que instar a los Estados miembros a cumplir los contenidos del Protocolo de Palermo, a través de la implementación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos, tomando en cuenta la dimensión transnacional del delito y con una perspectiva de género.

Coincidieron, asimismo, en que la trata de personas constituye un grave delito de carácter nacional y transnacional, que en su aumento desmedido afecta la integridad, dignidad y libertad de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad como son las mujeres, niños y niñas, personas migrantes, indígenas, vulnerando de manera sistemática, profunda e irreversible los derechos de las y los habitantes de los Estados y que para su erradicación es necesario definir e implementar estrategias globales eficaces.

En su Declaración manifiestan que existe una gran preocupación por el flujo interno y externo de las personas, que ha generado el establecimiento de diversas políticas de inmigración, que no resultan armónicas en materia de flujo migratorio.

“Somos conscientes de la importancia que como Ombudsman tenemos para promover políticas públicas que privilegien a las y los titulares de derechos y víctimas de su violación reivindicando sus derechos a través de asistencia inmediata y reparación integral”, señala el documento.

La Declaración de Bogotá establece también, el compromiso de visibilizar que la migración no es una dinámica que atañe de manera exclusiva a la jurisdicción interna de los Estados sino que es una problemática que requiere de un abordaje holístico de derechos humanos; plantea tener en cuenta la especificidad del fenómeno migratorio de personas de los pueblos originarios y la niñez migrante sin acompañamiento y su situación de vulnerabilidad; impulsar la consagración por los Estados de los instrumentos que permitan la efectiva persecución de la trata de personas bajo el principio de jurisdicción universal, cuando este delito se estructure como de lesa humanidad; e intensificar los esfuerzos para unificar estrategias de intervención, promoción, concienciación, sensibilización y defensa ante la sociedad y los poderes del Estado, articulando iniciativas de las instituciones, que son parte de la FIO, para incidir sobre la disminución de la trata y tráfico ilegal de personas.