El sorpresivo anuncio de autoridades de Gobierno en sentido de que la Empresa de Apoyo a la Producción de alimentos (EMAPA) ya no subvencionará el precio de la harina para elaboración de pan ha tenido doble efecto: por un lado, una ola de optimismo entre algunos sectores consumidores y, por otro, una racha de inquietud entre los panificadores y los productores de trigo.
EMAPA intentó justificar su decisión indicando que entregaba la bolsa de harina de 50 kilos a costo de Bs. 130 cuando este producto era ofertado en el mercado entre Bs. 280 y Bs. 260, por lo que la subvención debía terminar. En efecto, EMAPA importaba harina a Bs. 230 y la vendía a Bs. 130, arrojando en esa forma una pérdida que sólo en el año 2014 significó para el Estado 230 millones de bolivianos, suma parecida a la de años anteriores y que sumaría en total alrededor de mil millones de bolivianos.
La medida del Gobierno fue rechazada por los panificadores, que amenazaron con suspender sus actividades por 48 horas y, en esa forma, presionar para que la unidad de pan suba de precio de 40 a 50 centavos. Esa reacción fue rechazada por el Gobierno que dijo que EMAPA venderá pan por su cuenta y así garantizar la demanda de los consumidores de La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Beni y no así Tarija que se abastece de Argentina. EMAPA tendría almacenados en sus depósitos 90 mil toneladas de trigo.
Pero la decisión oficial adquiere otras características. En efecto, en primer lugar, empieza a deshacerse del negocio de la harina y deja este asunto en completa libertad de comercio, es decir que el precio de la harina estará sometido a la libre oferta y demanda, lo cual tendrá también efecto entre los panificadores. En síntesis, el Estado empieza a abandonar en alguna medida cierto control de la alimentación de la población que tenía en mira.
Pero esa medida neoliberal de importar, comercializar y consumir harina extranjera sin limitación tiene, además, sentido antiproteccionista en relación con la producción nacional de trigo, por lo que los agricultores nacionales, al enfrentar precios bajos que le hacen mayor competencia desleal, tendrán que abandonar sus labores agrarias. Se debe recordar que en Argentina la hectárea de trigo produce cinco toneladas, mientras en Bolivia menos de dos y por la devaluación del peso requiere dólares con urgencia, pero que ahora Bolivia se los proveerá con ventaja por el libre comercio adoptado por el Gobierno y la resistencia a una devaluación, lo que hace considerar que la medicina podría resultar peor que la enfermedad.
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