Procesarán a Gobernación por explotación laboral

De acuerdo con la explicación del abogado Benjamín Núñez, el Gobierno Departamental de La Paz, representado por César Cocarico, firmó el contrato de trabajo del médico Jhiery F.S. para que brinde atención en un instituto de rehabilitación, sin embargo, durante cinco años fue obligado a asumir el trabajo de cuatro médicos, teniendo a su cargo cerca de 400 niños y personas de la tercera edad, renumerado con un sueldo 3.600 bolivianos, por lo que se planteará denuncia formal por el delito de explotación laboral.

El médico Jhiery F.S. (34) fue cautelado el 16 de diciembre de 2014 como sospechoso de ser autor de abuso sexual en contra del bebé de ocho meses, Óscar Alexander, al interior del hogar Virgen de Fátima, casa de acogida a la que se le cambio el nombre a “Niño Jesús”, con el fin de minimizar las críticas y evitar que el nombre se relacione con el grave hecho.

Desde el 15 de diciembre de 2014, la comisión de fiscales, conformada por Susana Boyan y Edwin Blanco, ha sido notificada con más de 20 exámenes genéticos y biológicos elaborados por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), al menos ocho de ellos señalan de forma científica que no se encontró ADN del médico en las muestras tomadas al cuerpo del lactante, como lo informó Freddy Velásquez, que junto a Nuñez y Marco Antonio García forman parte del equipo de abogados que defiende al galeno.

A pesar de las pruebas, dos días después, el 16 de diciembre, en conocimiento del fiscal general Ramiro Guerrero, es aprehendido y luego cautelado con detención preventiva en una celda del penal de San Pedro desde el 16 de diciembre.

Ayer por la tarde, el juez tercero en lo penal, Rolando Chaca, negó por cuarta vez su pedido para la detención domiciliaría, bajo el argumento de que el médico habría presentado documentación falseada, como lo aseguró la fiscal Boyan, quien en reiteradas oportunidades se ha negado a declarar sobre las evidencias que eximen de culpa al galeno.

Como es normal, mediante un comunicado, el fiscal de distrito Paúl Franco reiteró lo que Boyan informó a los periodistas pero añadió: “En la audiencia, el Ministerio Público demostró que los documentos presentados por el imputado faltaban a la verdad, intentando a través de ellos, sorprender la buena fe de la autoridad jurisdiccional”, explicó.

SEDEGES

Al término de las más de cinco horas que duró la audiencia, Núñez fue consultado sobre la supuesta documentación “falseada” a la que se refirieron Boyan y Franco, y aclaró que se trataba del contrato de trabajo que el médico firmó con la Gobernación a través del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), en el cual se estipula que Jhiery. F.S. debía prestar servicio en el Instituto de Rehabilitación Infantil y no así en los otros tres centros, entre los cuales está el Niño Jesús.

Núñez observó el problema de fondo y recordó todo el presupuesto que se destina al Dakar y otras actividades recreativas, mientras la atención de los niños en estos albergues no cuenta con un presupuesto adecuado, por lo cual los profesionales deben ser sometidos a explotación laboral y fiscales emplean estos elementos como prueba de un delito.

En la audiencia ante el juez Chaca, los fiscales exigieron que se presente el memorándum por el cual el Sedeges destituye al médico del Niño Jesús, documento que no existe como lo admitieron los representantes legales de la Gobernación, porque debido al bajo presupuesto que la Gobernación destina a los centros de acogida, el médico fue obligado por cinco años a prestar atención en cuatro de estos centros. Sin embargo, el juez Tercero en lo Penal, dio a lugar la objeción de los fiscales y denegó la detención domiciliaria al galeno.

“Atendía a cuatro institutos, con el ítem del IRI, con un sueldo de 3.600 bolivianos, por cinco años. Alguien se está metiendo la plata al bolsillo de los otros cuatro médicos del instituto, es explotación laboral, hoy (ayer en audiencia) nos lo dijo el Sedeges y la Gobernación”, declaró indignado el abogado defensor.