Según Paola Barriga:
Por cuarta vez, el proceso de investigación en el caso de la muerte del bebé Alexander, ocurrido el 13 de noviembre del año pasado, fue obstruido por la inasistencia del equipo jurídico del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) a la audiencia de “aperturas de pruebas”, como lo denunció la abogada Paola Barriga.
Para la jurista, la recurrente inasistencia del Sedes a cuatro audiencias, donde deben ser abiertos los sobres que contienen las pruebas recolectadas a lo largo de la investigación, se debe a que entre estos, está la documentación e informes que pueden revelar el supuesto maltrato del cual fue víctima el lactante de ocho meses en el hogar Virgen de Fátima, desde agosto de 2014 cuando fue internado en este centro de acogida al que para evitar más críticas, el Sedeges le cambió el nombre a “Niño Jesús”.
A lo largo del proceso, la audiencia de apertura de pruebas se ha suspendido cuatro veces. En las dos primeras, además, se tuvo la ausencia de algunos implicados que no fueron notificados de forma correcta y oportuna.
Las dos siguientes, según la abogada, debido a la inasistencia de los abogados del Sedeges, que figuran como parte querellante y ayer, la comisión de fiscales se unió al pedido de suspensión.
“Estamos más de dos meses suspendiendo esta audiencia. Lo lamentable es que son muchas personas las que están siendo perjudicadas en este caso”, declaró Barriga a la salida de la audiencia fallida.
La abogada criticó el hecho que el juez Tercero en lo Penal, Rolando Chaca, que lleva la causa, no haya ordenado ayer que se lleve adelante la audiencia, según su cargo le permite, siendo que entre las pruebas se pueden hallar importantes datos que pueden establecer las razones de la internación del lactante.
CONTRAPARTE
Desde el Sedeges, negaron las afirmaciones de la abogada Barriga y señalaron que de darse la inasistencia de los representantes jurídicos, esto amerita el memorándum de destitución, según es la instrucción del gobernador César Cocarico.
Al término de las audiencias, es la característica que todos los representantes legales, en especial la comisión de fiscales, abandonen los juzgados de forma apresurada, rehuyendo las consultas de los periodistas.
Han transcurrido más de seis meses desde la muerte del menor en el hospital Juan XXIII, donde fue sometido a dos reanimaciones cardiacas, el cuadro de neumonía y el tratamiento de un “sangrado profuso” en la región anal, cuyas causas aún no se han establecido pero sí se han sentenciado a dos personas.
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