Sancionarán por toma ilegal de tierras

Ante el incremento de denuncias de apropiación ilegal de centros mineros del Estado, empresa privada y de los propias cooperativas, el Ministerio de Minería junto a las carteras de Gobierno y Defensa en coordinación con el Ministerio Público, determinaron poner coto a las incursiones ilegales de grupos delincuenciales en yacimientos de propiedad pública. Las autoridades tomaron esa decisión para evitar el accionar de dichos grupos a parajes y yacimientos mineros. César Navarro, ministro del sector, informó que se ordenó que los ingenios no compren minerales de yacimientos avasallados y que no tengan en orden sus documentos.

ADVERTENCIA

Navarro señaló que las penas para los responsables de estos delitos se refieren a la privación de libertad de cuatro a ocho años dependiendo de la gravedad de los casos. Estos grupos no solamente que se adueñan de los yacimientos sino que para mantenerse vigentes tratan de comercializar la producción en organizaciones de rescatadores. Asimismo, en muchos casos, proceden a la venta de maquinaria o equipos generalmente costosos incurriendo en delitos que el Gobierno no está dispuesto a tolerar.

DERECHOS

Las autoridades nacionales esperan que con la determinación asumida se podrá restituir los derechos de los propietarios de yacimientos afectados, ya que el avasallamiento es sancionado de acuerdo a la norma 367 de mayo de 2013.

ACCIÓN CONJUNTA

"Hemos decidido llevar adelante un trabajo de coordinación entre los tres ministerios y el Ministerio Público, en defensa de los derechos de los titulares de las áreas mineras en el país", enfatizó el ministro Navarro, en una conferencia de prensa brindada conjunta con su colega de Gobierno, Hugo Moldiz, y el fiscal general, Ramiro Guerrero.

PREPARATIVOS

Navarro advirtió que se conoce que algunas comunidades comienzan a organizarse para avasallar yacimientos, por lo que se decidió cerrar filas en el Gobierno para combatir de manera más efectiva este delito.

INSTIGADORES

Explicó que la tarea inicial será identificar territorialmente el área avasallada, en coordinación con el Ministerio Público, para luego aprehender a los instigadores y avasalladores de minas.

Posteriormente, dijo que se confiscarán las maquinarias de los avasalladores y también el mineral producto del avasallamiento. "No se permitirá su comercialización", sostuvo.

DENUNCIAS

"Existen denuncias de avasallamiento y serán analizadas de manera individual, por eso establecemos primero identificar el área y segundo a los avasalladores", enfatizó. Navarro no pudo precisar el número estimado de yacimientos que están en manos de los avasalladores o de aquéllos que estarían en peligro inminente.

FISCAL GENERAL

El Fiscal General del Estado recordó que el delito de avasallamiento está penado hasta ocho años de privación de libertad, de acuerdo con la Ley 367 de mayo de 2013.

"Nosotros vamos a actuar, hay varios procesos ya abiertos y en investigación en la Fiscalía de La Paz, de Oruro y en otras fiscalías. Vamos a actuar en el marco siempre de la defensa de la legalidad, de la sociedad y también para precautelar el derecho de la propiedad colectiva que tienen las, tanto comunidades, como las personas particulares o colectivas", subrayó.

Guerrero mencionó que de la misma manera se está actuando en Santa Cruz donde bajó el número de propiedades agroindustriales afectadas por este delito.

EMPRESARIOS

El presidente de la CAO, Julio Roda, indicó a fines de 2012 que existían más de 70 propiedades comprometidas, luego dirigentes de Anapo señalaron el año pasado que existían 50. Hace un par de semanas el titular de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, sostuvo que 15 propiedades aún continúan afectadas por esta situación. Uno de los pilares que esgrimió la agroindustria en la cumbre agropecuaria fue precisamente la demanda de seguridad jurídica al Gobierno en torno a las inversiones privadas.