La ciudadanía del país se encuentra alarmada por el aumento sin límites de la delincuencia, consistente en asaltos, crímenes, violaciones, violencia contra la mujer, desaparición de ciudadanos, vejámenes a niños, sin que alguna autoridad pueda solucionar el problema. Las vidas de los habitantes de ciudades y zonas rurales del país corren peligro diariamente, ya que los delincuentes actúan con mayor frecuencia y a cualquier hora.
La Policía Nacional se ve impotente y rebasada en sus funciones ante la proliferación de delitos, pese a que alguna vez sus efectivos salen a patrullar conjuntamente con miembros de la Policía Militar, haciendo rondas en las ciudades. Lo cierto es que generalmente los policías aparecen mucho después de cometido el delito.
En cuanto a autoridades del Ministerio Público, encargadas de velar por la seguridad ciudadana, en muchos casos sólo atinan a plantear juicios abreviados, los que al ser aplicados de manera ineficiente, permiten que delincuentes sean liberados al poco tiempo de su detención y sigan actuando con impunidad.
Mientras tanto, los integrantes de la Asamblea Legislativa, tanto senadores como diputados, al igual que las comisiones de justicia, no tratan hasta ahora con detenimiento el tema del combate contra la delincuencia, por lo cual los ciudadanos están molestos y podrían en algún momento salir a las calles en son de protesta.
Las innumerables leyes que han sido aprobadas para combatir a los malhechores, muchas veces sin reglamentación, no tienen efecto y continúa la violencia contra los ciudadanos de a pie. No se puede contemplar desde balcón semejante problema. Por estas consideraciones, es preciso insistir en la aplicación correcta de las normas legales y el endurecimiento de las sanciones para los delincuentes, especialmente si son autores confesos, como el malhechor que degolló a su víctima y que cuando fue apresado, tranquilamente confesó su delito. Sin embargo, con las leyes actuales este victimador sólo sería acreedor a 30 años de cárcel, si no se recurre a triquiñuelas legales que ocasionan retardación de justicia.
El Estado boliviano tiene la obligación de cuidar su capital humano, evitando que sea presa de la delincuencia. Cuando es por demás evidente que actualmente no hay justicia en sentido estricto, ya se habla de la necesidad de hacer una REFORMA JUDICIAL, sin embargo tardará mucho tiempo en ser aplicada.
Mientras tanto, corresponde insistir en que la delincuencia actúa organizada y con grupos de apoyo, como algunos grafiteros que destruyen propiedad privada al pintarrajearla, cuyos signos en su mayor parte son avisos para el mundo del hampa, avisando, por ejemplo, si una casa está sin protección y se puede entrar a robar. Estos delincuentes finos pueden ser atrapados in fraganti, para que paguen el costo de reparación o en su defecto, ser encarcelados si están más involucrados con la delincuencia.
En todo caso, se requiere con urgencia que las autoridades policiales y judiciales obren correctamente y que las penas contra los delincuentes sean mucho más severas, por el bien de millones de ciudadanos del país que requieren realizar sus actividades diarias con tranquilidad y seguridad.
El autor es Profesor Emérito, ex Decano de Odontología UMSA.
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