La jornada de ayer, la exfiscal de distrito de La Paz, Patricia Santos, y el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, iniciaron una confrontación verbal en la que ambos revelaron una serie de irregularidades en la administración de la Fiscalía Departamental.
Mientras Santos declaró que su destitución se dio en represalia a la investigación iniciada contra el sobrino de Guerrero, por un delito de extorsión, este señaló que la exautoridad no tiene moral para hacer estas denuncias, recordándole los 33 meses de alquiler que debía por su departamento.
La exfiscal departamental, mediante una nota envida el 18 de mayo (y reiterada ayer 20), advierte a Guerrero que el nombramiento como fiscal en el municipio de Chulumani, en la categoría de Fiscal de Materia II, significa una “vulneración de sus derechos y garantías fundamentales”, pues constituye un “despido indirecto” el degradarla a el servicio en provincia, afectando su nivel salarial, que disminuiría a 10.593.00 bolivianos.
EL DIARIO verificó que la renuncia inicial de Santos fue presentada el 27 de febrero, tras verificar la conducta irregular del enviado especial de la Fiscalía General, Gastón Corrales Dorado, para supervisar el caso Alexander. Sin embargo, Corrales incurrió en acciones de control propias de Santos.
El enviado de Sucre, junto al fiscal Edwin Blanco habrían negociado los términos del proceso abreviado al que pretendían someter al médico Roberto G. R. del Juan XXIII, dentro del caso de la muerte y supuesta violación del bebé Alexander ocurrida el 13 de noviembre del año pasado, acuerdo que no fue consultado con Santos, dando lugar a un altercado que concluye con el repliegue inmediato de Corrales a Sucre.
Santos informó de esta irregularidad al Fiscal General, quien en lugar de respaldar su autoridad la presionó para que presente su renuncia, si no le enviaba la firma del proceso abreviado del médico, según lo reveló ayer Santos. La exautoridad le envió su renuncia.
Santos aseguró a ANF que su relación profesional con el Fiscal General comenzó a deteriorarse luego de que el 9 de enero, el sobrino de este, Limberth Inti Guerrero, junto a otras dos personas, fue aprehendido por una denuncia de extorsión en la ciudad de La Paz.
ALQUILERES
Consultado sobre este hecho, Guerrero recurrió a la desacreditación, descalificando la postura como denunciante asumida por Patricia Santos, recordándole que la deuda por el pago de 33 meses de alquileres de un departamento le quita toda moral para hacer reclamos, siendo que su destitución habría sido motivada por la falta de control y las irregularidades cometidas en su gestión como Fiscal Departamental.
“Qué se puede esperar de gente que no paga sus alquileres, de gente que tiene muchos problemas en la conducción de una Fiscalía”, respondió Guerrero a tiempo de informar que la carta enviada por Santos será revisada en Sucre.
TEMOR
Santos afirmó sentirse atemorizada debido a que el enfrentamiento se está dando con la máxima del Ministerio Público. “Yo me encuentro atemorizada (…), me llama la atención esta forma de actuar, yo no lo comprendo”, aseguró Santos apuntando que el hecho podría culminar si el Fiscal General admite su renuncia, pero no desacreditándola.
Guerrero contestó que no existe tales represalias, “falta que me echen la culpa de lo que (Santos) no ha pagado sus alquileres, yo actúo con mucha probidad, aquí no hay absolutamente una represalia contra nadie, (…) pregúntenle a la doctora Santos, cuántas veces ha ido a provincia, cuántas veces como fiscal departamental ha ido a El Alto, (…) yo no tengo la culpa pues de que haya una pésima gestión”, declaró Guerrero.
INTERVENCIÓN SE AMPLÍA A 90 DÍAS
La intervención a la Fiscalía Departamental de La Paz, iniciada el 27 marzo, y programada para 30 días, fue ampliada a 90, por lo cual, el nuevo Fiscal de Distrito será posesionado a fines de junio, según anunció el fiscal general, Ramiro Guerrero.
La autoridad sostuvo que la determinación fue tomada desde el 28 de abril debido a las varias irregularidades que se verificaron, producto de las cuales se han iniciado más de 27 procesos disciplinarios.
FISCALES ANTIGUOS
Guerrero volvió a lazar advertencias a los fiscales “institucionalizados” (o de más antigüedad), mencionando que el cargo no les pertenece. “Lamentablemente algunos colegas fiscales no entienden, por esa vieja forma de pensar, se creen dueños de sus cargos, de sus ítems, se creen dueños de los espacios donde han estado por 15, 20 años; ¿quién sabe cómo se mantenían?”, cuestionó Guerrero.
La autoridad anunció hace más de un mes que en los próximos meses se presentará una proyecto para la modificación de la ley que ampara a estas autoridades.
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