Nuestro compatriota, el jurista Agustín Aspiazu, acuñó, con respecto a la confrontación armada de dos países, esta frase: “Es guerra injusta la que se hace por interés o utilidad, como la extensión del comercio, la adquisición de un territorio, o bien aquella por la cual se viola los derechos de otra, como la propaganda de religión, de las buenas costumbres, etc.” (Agustín Aspiazu: “Dogmas del Derecho Internacional”, Nueva York, 1872, Art. 183, página 161).
Veamos, con prolijidad, su pensamiento, que recalca: “Es guerra injusta la que se hace por la adquisición de un territorio”.
Chile sostuvo y sostiene que hubo guerra en 1879. Entonces, si ello fuera cierto, el vecino protagonizó esa guerra con el fin de apoderarse del Departamento Litoral. Cosa injusta, desde todo punto de vista, según la teoría de Aspiazu.
Es una falacia el argumento de que hubo un conflicto bélico entre Bolivia y Chile en el Siglo XIX. Nada más falso y tendencioso. El vecino ha manejado esa argucia, hoy como ayer, con el objeto de falsear la verdad histórica, referente a los funestos hechos de carácter internacional, de hace más de un siglo.
Lo que hubo es una invasión a nuestro territorio costero por el expansionismo chileno, en confabulación con el poder económico inglés, en 1879, atraído por los recursos naturales, existentes en la región.
Y es que unidades militares, provenientes de la nación de Diego Portales, incursionaron en las ciudades más importantes del Departamento Litoral, desmembrando el territorio de Bolivia, con el consiguiente enclaustramiento marítimo, cuyos antecedentes históricos ingresaron en la agenda de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En consecuencia, es un embuste que Bolivia haya sido un país mediterráneo, sino que es un país enclaustrado por intereses de la casta dominante chilena. Víctima, ni duda cabe, de quienes amasaron y aún amasan fortuna en desmedro de sectores sociales que claman pan, techo y justicia, en la nación trasandina. Bolivia surgió a la vida republicana e independiente con cualidad marítima, es decir con plena soberanía sobre el Pacífico, pero ésta le fue arrebatada por la agresión de 1879.
Fue una etapa anárquica, donde la ley de las naciones más fuertes se imponía en detrimento de los débiles e indefensos, quienes no tenían la posibilidad de alcanzar justicia, que les permita reivindicar sus derechos, vulnerados y conculcados, de manera permanente y premeditada, por actitudes de rapiña y devastación. Desgraciadamente no había, como bien sabemos, una instancia político – jurídica que asuma la responsabilidad tendente a dirimir, de manera pacífica, conflictos que enemistaban a Estados en el mundo.
En este contexto, la Sociedad de Naciones, con pretensiones de universalidad, surgió de la I Guerra Mundial, pero tuvo efímera existencia. La Organización de Naciones Unidas (ONU), que tuvo la suficiente fuerza para representar a todas las naciones del globo terráqueo, hizo su aparición después de la II Guerra Mundial. Organismos supranacionales que se han propuesto preservar la paz universal en consonancia con el espíritu del Derecho Internacional.
En suma: la ley del más fuerte ya no tiene cabida hoy.
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