Ante la agravada corriente de asalto a terrenos mineros y agrícolas en diversas regiones del país, el Gobierno, por medio del Ministerio de Minería, ha comunicado que intentará poner coto a las acciones ilegales de algunos grupos de individuos (calificados por las autoridades como delincuentes) que ocupan parajes de yacimientos de minerales en el Occidente, así como tierras dedicadas a la agricultura en el Oriente del país. En esa ofensiva también participarán el Ministerio de Defensa y el Ministerio Público.
La plausible medida anunciada por las autoridades llega, sin embargo, con gran atraso, pues la toma de tierras agrícolas y mineras se estuvo produciendo de manera sistemática desde hace años, sin que se hubiese adoptado al respecto las medidas oportunas y necesarias para solucionar ese problema, así como prever futuras acciones de la misma naturaleza. Esa ineficiencia de los responsables del oficialismo terminó provocando la actual oleada de atentados contra empresas privadas y del Estado en plena producción.
El asalto a tierras agrícolas registró gran intensidad hace algunos años y muy pocos casos denunciados fueron resueltos. En cuanto a las violaciones a las propiedades mineras, también se tuvo numerosas denuncias, pero al presente se han multiplicado, al extremo de que el Ministro de Minas denunció que algunos grupos de asaltantes se adueñan de yacimientos y que para mantenerse vigentes tratan de comercializar la producción en organizaciones de rescatadores y que, además, venden maquinaria y equipos costosos, incurriendo en delitos penales insostenibles.
Por su parte, el Fiscal General del Estado recordó que los avasallamientos están penados con ocho años de privación de la libertad y en forma textual sostuvo que “nosotros vamos a actuar en el marco de la defensa de la legalidad, de la sociedad y también precautelar el derecho de propiedad colectiva que tienen las comunidades, como las personas particulares o colectivas”.
En todo caso, la enérgica decisión gubernativa podría resultar inefectiva debido a que la avalancha de asaltos a minas y haciendas ya sobrepasó los esfuerzos realizados con anterioridad, así como aprovecha la lenidad y limitada iniciativa política de las dependencias encargadas no sólo de solucionar esta crítica situación, sino también de preverla o, más propiamente, “muerto el asno, tranca al corral”, como dice el refrán campesino.
Finalmente, se puede agregar que la toma de minas y tierras se produce cuando el precio de las materias primas está en proceso de derrumbe, lo cual determinará que los “avasalladores” abandonen su intento porque habrán dejado de obtener las ganancias que esperaban.
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