Hace pocas semanas, autoridades de gobierno anunciaron que muchas empresas públicas deficitarias serán cerradas; se dijo que “se evalúa la posición financiera y rentabilidad” de ellas. El anuncio crea, de hecho, incertidumbre en esas empresas y, sobre todo, en su personal que se vería privado de su fuente de trabajo.
El problema es muy grave si se tiene en cuenta que, una vez más se comprueba que ningún Gobierno ha sido apto para administrar empresas del Estado; sirve, por otro lado, para señalar que una empresa pública es bien manejada, sostenible y rentable solamente en consonancia con el sector privado; en otras palabras, que la administración y dirección de toda empresa pública debe estar a cargo del sector privado, lógicamente, con la excepción de las consideradas estratégicas que deberían ser manejadas por el Gobierno pero bajo condiciones de eficiencia, eficacia, honestidad y responsabilidad, condiciones que no siempre se dieron.
Mediante una evaluación del Consejo Estratégico de las Empresas Públicas, será esta entidad quien defina “cuáles de las 63 que ya existen, entre nacionalizadas y creadas desde 2006, serán cerradas debido a que no rinden ingresos ni utilidades” y añade “que se tomarán en el marco del cumplimiento de los objetivos por los cuales fueron creadas”.
Son muchas las empresas públicas que estarían en condiciones de ser reorganizadas, capitalizadas o reestructuradas; pero, en todo caso, lo que corresponde es que se hagan los estudios mediante entidades especializadas y sobre todo, tomando en cuenta los criterios del sector privado porque seguramente habría la posibilidad de que muchas de esas empresas puedan continuar en operaciones siempre que intervenga el sector privado tanto en su manejo técnico como administrativo. Cerrarlas sin los estudios precisos y sin posibilidad efectiva de la intervención del sector privado sea en comandita o en condición de empresa mixta o en alquiler con el Gobierno, sería contraproducente habida cuenta que es preciso salvar del deterioro total maquinaria e instalaciones al margen de causar perjuicios al personal que, con seguridad, existe bien capacitado y con la experiencia necesaria.
Hay casos como YPFB, ENDE y COMIBOL que bien podrían llamarse difíciles y mientras no haya intervención de un trabajo eficiente, eficaz, responsable y productivo dejando a un lado las conveniencias y directivas político-partidistas, no será posible que funcionen conforme a normas de sana administración y sean rentables y se proyecten, efectivamente, como emporios que den lugar a la diversificación con otras empresas que funcionen bajo tutela y control de las mismas.
Es muy importante que el Gobierno actúe con la mesura, serenidad y eficacia que requieren estos problemas; las precipitaciones no conllevan buenos resultados y resultan cimientos para otros fracasos que es preciso evitar.
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