Partidos políticos y propaganda electoral

Pese a reiteradas instrucciones del Tribunal Supremo Electoral sobre la necesidad de que los partidos políticos limpien las ciudades de la propaganda electoral que hicieron con motivo de las elecciones del pasado 29 de marzo, la mayoría de éstos no han cumplido la disposición que establece clara y terminantemente que son los partidos políticos o alianzas los que deben limpiar lo que utilizaron para realizar sus campañas.

Algunos partidos han cumplido, a medias; otros -caso del Movimiento al Socialismo (MAS), Alianza Social Patriótica (ASP), Unidad Nacional (UN) y Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)- prácticamente se han burlado no sólo del TSE y sus disposiciones sino, muy especialmente, de la colectividad que ha votado por ellos y que creía que había decencia y responsabilidad en los sectores de la “canalla partidaria” que no limpia paredes y muros, especialmente de la ciudad de La Paz.

Las infracciones a la ley sobre propaganda electoral son graves porque muestran hasta qué punto se utiliza las propiedades públicas y privadas para una propaganda que, además, es sucia y chabacana, plena de adjetivos y promesas muy lejos de cumplirse; son propagandas que muestran cualidades y virtudes que no tienen los candidatos y que, está visto, tampoco tienen autoridad moral alguna para disponer la limpieza de lo mal que se ha tratado a las ciudades con el fin de lograr votos.

La propaganda y publicidad, sea institucional, política-partidaria, comercial o de cualquier tipo, debe ser realizada en los sitios destinados por los municipios. No puede ser que las paredes y muros de la ciudad sirvan para algo que, en vez de animar al voto ciudadano, lo desanima porque crean desconfianza hacia los candidatos y, mucho más, en los partidos políticos que los favorecen con su apoyo.

El Tribunal Supremo Electoral debe tener en archivos los casos de anteriores elecciones, en los que se sancionó el pintarrajeado de paredes con motivo de elecciones; debe establecer quiénes han cumplido con las multas y sanciones, quiénes han limpiado y quiénes no lo han hecho. Corresponde denunciar a todos ellos, así se trate de procesos electorales o referendos muy pasados; pero es necesario sentar precedentes para evitar la repetición de una costumbre que se hace crónica y que, con seguridad, está muy lejos de los principios que sustenta cada partido o su candidato.

El Tribunal Supremo Electoral, coadyuvado por los Tribunales Departamentales y las alcaldías, debería exigir que se cumplan las normas; de otro modo, la libertad de expresión se convierte en libertinaje y cada partido o grupos que intervengan en nuevas justas electorales no sólo incumplirán disposiciones sobre la propaganda sino muchas otras que hacen a la actividad político-partidista que, en todo momento, debe ser limpia, honesta y responsable en cumplimiento de los propios estatutos partidarios y de las normas dispuestas por las autoridades.