Otra fuga sin culpables

La fuga de Martín Belaunde -que debía ser extraditado al Perú- ratifica la inseguridad que envuelve al país de uno a otro confín. Es inverosímil que dicho personaje custodiado por 5 policías, 3 en la propia vivienda donde guardaba detención domiciliaria, pueda evadirse con asombrosa facilidad. Esto demuestra que la corrupción y complicidad cobran cotidianidad y se hacen irremediables. Este vergonzoso caso parece inscribirse en esa lamentable situación, pero la responsabilidad les pertenece a los señores Comandantes Nacional y Departamental de la Policía y al dimitente Ministro de Gobierno. A los primeros por no garantizar una custodia a toda prueba y al segundo por no asegurarse de que sea así.

En la ya larga historia de fugas incómodas de estos años de gobierno se recuerda, entre otras, la de dos sujetos sindicados de asesinar a parientes cercanos de un expresidente paraguayo, así como la del senador Roger Pinto, del ex fiscal Marcelo Soza y de su ayudante, la del inversionista Jacob Ostreicher.

Intentando lavar la imagen del país aparece la renuncia del señor Hugo Moldiz, sin que se conozca si fue un acto espontáneo o por solicitud. En todo caso, se trata de un gesto de dignidad que rompe con la tradición de los últimos años en los que “renuncia” era una mala palabra, pese a tratarse de algún estropicio al margen del celo que se espera de las autoridades o del incorrecto manejo del Estado. En cambio, los malos administradores creen ganar aplausos cuanto más se empecinan en mostrarse faltos de dignidad.

A todo lo anterior, ha sobrevenido la designación del señor Carlos Romero como nuevo Ministro de Gobierno, quien recorrió 3 o 4 ministerios distintos en los 10 años de mando del presidente Evo Morales, si bien en el Legislativo sufrió un contraste hasta ahora misterioso, cuando se le daba por seguro presidente del Senado. No obstante, Romero ha hecho las veces que haría un comodín en el juego para salvar al jugador de situaciones difíciles. Este cuadro, que no es el primero ni será el último, confirma los escasos recursos humanos del oficialismo de los que pueda echar mano, sea por reorganización ministerial o en emergencias como la presente.

El afán de atenuar el duro impacto, más que demostrar diligencia investigativa, aunque carente de auxilio legal, determinó la detención de una docena de personas, entre ellas simples habitantes de la vivienda que albergaba a Martín Belaunde o supuestos emparentados con el prófugo, mediando además el arresto de la secretaria del abogado que le asistía y la detención del mismo letrado, lo que es una aberración que implica falta de garantías para el libre ejercicio de la profesión de la abogacía.

Es hora de poner fin a la ineficiencia y junto a los años de Gobierno transcurridos, ajustar las instituciones a fin de que cumplan sus deberes, como la mejor contribución para evitar inconvenientes a la Nación, inclusive con nuestros vecinos. En el presente caso se ha incomodado de alguna manera al Perú, en momentos en los que la causa marítima ventilada en La Haya, tarde o temprano tendrá que recurrir a Lima.