Componentes de una familia víctima de robo agravado durante la pasada gestión, temen por su vida luego de que los supuestos implicados en el delito salieran del Penal de San Pedro con medidas sustitutivas.
De acuerdo con el relato de los afectados, en aquella ocasión les robaron de su vivienda Bs 17.050 en la zona Julián Apaza II del sector de San Roque y ahora reciben amenazas constantes.
Si bien la familia ha solicitado un análisis psicológico por parte de los especialistas del Instituto de Investigaciones Forense (IDIF) en favor de su hijo, menor de edad, quien fue la persona más afectada cuando las tres personas ingresaron al hogar con armas blancas para sustraer objetos de valor.
El menor, a quien lo amenazaron con matar a su madre sino decía donde guardaba el dinero en su casa, habría quedado traumado y con serias secuelas que le impiden continuar con su educación, tratamiento que por lo menos esperan sea cubierto por los detenidos quienes serían profesores de colegio. Estas personas y acusadas de cometer, presuntamente este ilícito fueron identificados como Severino Lipa, Lucia Torres y Félix Churata.
“Cuando han ingresado a la casa de mi hermana, ella estaba sola con sus dos hijos y dos de las tres personas con cuchillo han agarrado al menor, lo han mantenido amordazado, maniatado y amenazado hasta que indique donde se guardaba el dinero”, explicó el hermano de la madre.
La madre de los menores, quien es una ciudadana de escasos recursos, espera que instancias legales y de servicio, como el Defensor del Pueblo, puedan colaborar no sólo mediante el apoyo legal sino sobre todo con una adecuada atención a las víctimas de este tipo de ilícitos.
La familia denunció que estas tres personas que efectuaron el robo agravado al interior de su vivienda, serían profesores de esta ciudad y que, pese a estar procesados y remitidos a los diferentes penales, habrían estado cobrando sus sueldos del Magisterio urbano, defraudando de esta manera al Estado cuando, presuntamente, se dedican a actividades ilícitas.
Son varios meses en que estas personas sindicadas de robo agravado continuarían percibiendo sueldos de parte del Estado sin dar clases y con antecedentes penales por robo agravado, factor que la familia denuncia a las instancias correspondientes como el Ministerio de Transparencia, con la finalidad no sólo de que sean sancionados, sino que dejen de engañar a la sociedad, cuando dichas personas se dedican a actividades ilícitas.
“No entendemos que ellos siendo supuestamente maestros, se dedican a generar robo agravado al interior de la viviendas y peor aún que sigan cobrando del Estado sus sueldos, como si estuvieran con licencia, o no estarían en El Alto. Cuando en verdad ellos se dedican a actividades ilícitas, es por eso que tenemos que denunciar, no es posible que nuestros hijos sean instruidos por una banda de atracadores, quienes con arma blanca perpetran a robar a las viviendas. Por eso pedimos justicia”, explicó el entrevistado.
La denuncia también se presentará ante la distrital de educación con la finalidad de que sea esta instancia que defina si es moral o no que maestros involucrados en robo agravado con arma blanca, continúen educando a los menores alteños.
La familia víctima de robo agravado, desde el mes de abril, recorre juzgados sin poder ser atendidos en base a un proceso adecuado, no sólo para lograr la devolución del dinero sustraído, sino la curación del menor y la sanción social correspondiente.
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