Custodios de Belaunde son enviados a la cárcel

Tras más de ocho horas de audiencia, la juez especial Anticorrupción y Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer, Cinthia Delgadillo, determinó ayer a las 22.42, la detención domiciliaria de dos familiares de Martin Belaunde Lossio, con el pago de 50 mil bolivianos de fianza. En cuanto a los custodios policiales y funcionarios del Ministerio de Gobierno fueron enviados, tres al penal de San Pedro y dos al centro de máxima seguridad de Chonchocoro.

El domingo por la madrugada, según el informe de Acción Directa, elaborado por el capitán Jimmy Gonzales Prado, citado por la comisión de fiscales, el empresario peruano Martín Belaunde Lossio habría fugado del domicilio donde guardaba detención preventiva, a pocos días de que se efectivice la orden de extradición solicitada desde su país, donde el exasesor del presidente Humala es acusado de enriquecimiento ilícito.

FAMILIARES

Una vez escuchado el fallo de la juez Delgadillo, madres, hermanos y esposas de los efectivos policiales demostraron su gran pesar y sumidos en llanto expresaron su desacuerdo con el dictamen.

Con un menor en brazos, mostrando un yeso terapéutico que rodeaba la cadera de su hijo, una de las esposas de los efectivos declaró que los policías cumplían horarios de hasta 48 horas y que además de todos los abusos que deben sufrir por parte de sus superiores, apenas ganaban un salario mínimo con el cual, además de mantener a su familia, debían correr con los gastos de comida y pasajes a los diferentes destinos y sin cobrar horas extras ni pagos por domingos.

La esposa señaló que su marido cumplió con las órdenes de vigilar parte de la vivienda donde estaba recluido Belaunde.

Sin embargo, por la mañana, durante la posesión del nuevo comandante de la Policía Nacional, el presidente Evo Morales acusó a los uniformados de recibir el pago de 100 bolivianos diarios por parte Martín Belaunde y señaló que un grupo de “malos” policías deterioren las relaciones con el Perú.

CRONOLOGÍA DE LA AUDIENCIA

Una jornada ajetreada y llena de confusiones es la que se vivió ayer en tribunales durante la cual se definió la detención preventiva de los siete imputados por la fuga de Martín Belaunde Lossio, el exasesor del presidente peruano Ollanta Humala.

A las 08.45, la juez Delgadillo instaló la audiencia de medidas cautelares de los esposos, Daniela D. y Moisés O., familiares de Belaunde, con quienes cohabitaba la vivienda, ubicada en la calle Eucatilpto Nº 3018, en la zona de Bajo Llojeta, de propiedad de Juliano Arista Alcocer (El Curaca Blanco) y su esposa Claritza Díaz, acusados de complicidad en la supuesta fuga.

Junto a Duarte y Ocampo, al salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia, de La Paz, fueron traídos enmanillados, el sargento Clemente Santos C. C. el subteniente Hans B.L. el cabo Fabio Álvaro C. C.; además de los civiles, miembros de inteligencia y custodios del empresario peruano, Andrés R. V. y Ramiro Donato C. M.

En esta primera audiencia se señala un cuarto intermedio por razones no claras ya que mientras los fiscales señalaron que se trataba de un pedido la defensa por supuestos desacuerdos entre los cerca de 10 abogados que se presentaron a la audiencia.

FISCALES RETIENEN CUADERNO

A las 10.15, el cuarto intermedio concluye y los abogados defensores piden a la juez Delgadillo que los fiscales proporcionen el cuaderno de investigaciones, pues desde la “reconstrucción de los hechos” efectuado el lunes por la madrugada, estos se negaban a exponerlo a la defensa.

La comisión de fiscales que atiende el caso esta conforma por Juan Carlos Soria, Gregorio Blanco, Ángelo Sarabia, Jenny E. Quispe y Lilian Calderón.

Los abogados, en conjunto, criticaron la mala práctica que mantiene el Ministerio Público al esconder el cuaderno de investigaciones, atentado contra los derechos de los ahora imputados.

Por su lado, los abogados en representación del Ministerio de Gobierno presentaron de forma irregular, un poder firmado por el ministro saliente, Hugo Moldiz, y a continuación la recusación en contra de la juez.

Dicha recusa no estaba fundamentada de forma correcta por lo cual fue rechazada por Delgadillo, según explicó Alejandro Barrenechea Murillo, defensa del subteniente Hans B.L.

MOLESTIA

Sin embargo, Delgadillo dicta un nuevo cuarto intermedio lo cual causa un revuelo y molestia en los familiares de los siete imputados que sacan carteles y a gritos piden “justicia“.

La molestia deriva en la persecución de los fiscales y la juez por parte de los familiares de Belaunde, que siguiéndolos hasta las afueras del tribunal increpan a las autoridades por lo que consideran un injusta detención.

En el caso de la fiscal Calderón, el padre y la hermana de Daniela D. L. la acusan de ser indolente ante la maternidad de la imputada que debió dejar al cuidado de su familia a su hija de año y medio.

ARGUMENTOS

La audiencia vuelve a reanudarse a las 15.00 y está vez el acto es realizado en orden hasta antes de que se conociera la decisión de la Juez.

La audiencia inicia con la presentación de los argumentos por parte de los fiscales que en un inició señalan una serie de contradicciones en las declaraciones de los cinco funcionarios policiales y de inteligencia.

Citan el informe elevado por el comandante de escoltas de Régimen Penitenciario, Jimy Gonzales Prado, quien según Gregorio Blanco señaló que los custodios demoraron dos horas en dar el parte de la supuesta fuga de Belaunde.

Gonzales habría señalado en el informe, que a las 07.25 recibió la llamada del sargento Clemente Santos C. C., quien le dio el parte de fuga. El sargento, manifestó que “rastrillaron” el lugar por el lapso de dos horas, desde las 05.00, pero ante el cuestionamiento de Gonzales del porqué no informaron antes, Clemente Santos C. C. no responde. Hasta las 07.55 Gonzales brinda el parte a todas las instancias superiores.

DEFENSA

A su turno, los abogados de los siete imputados señalaron una serie de imprecisiones en la imputación y querella penal presentada por el Ministerio Público y los abogados del Ministerio de Gobierno.

En el caso de los riesgos procesales de fuga, obstaculización, falta de ocupación laboral y familia, la abogada Mónica Irusta hizo entrega de la documentación que acreditaba la vinculación familiar, domicilio y otros documentos de los uniformados.

Por otro lado, hizo énfasis en el hecho de que el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional no emitieron memorándum de destino para la labor que cumplían, lo mismo ocurre con la supuesta “baja” de la institución policial que se habría dictado en contra de los uniformados.

Otra falencia, señalada por la defensa, es la carencia del expediente fotográfico por lo cual los abogados se vieron obligados a describir cuales eran los puestos de su defendidos empleando recortes de periódicos donde estaban las infografías del inmueble de donde se dio a la fuga.

DETENCIÓN

Finalmente luego de más de ochos horas de audiencia, la juez Delgadillo dictaminó enviar con detención preventiva al penal de San Pedro al sargento Clemente Santos C. C., el subteniente Hans B.L. y el cabo Fabio Álvaro C. C..

En tanto los civiles, miembros de inteligencia del Ministerio de Gobierno y custodios de Belaunde, Andrés R. V. y Ramiro Donato C. M., fueron enviados al Penal de Alta Seguridad de Chochocoro.

Por último, la pareja de esposos y familiares del exasesor del presidente Ollanta Humala, quienes compartían la vivienda de donde presuntamente fugó, Daniela Fabiana D. L. y Moisés Manuel Ocampo Díaz, fueron conminados a guardar detención domiciliaria además de tener que pagar 50.000 bolivianos de fianza cada uno.