Gobierno colombiano y FARC
La Habana.- El Gobierno de Colombia y las FARC acordaron ayer la creación de una futura Comisión de la Verdad que se pondrá en marcha cuando se firme la paz, un anuncio que las partes valoran como un avance en sus negociaciones y que llega en un momento crítico por el recrudecimiento del conflicto.
“Hemos alcanzado un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el Acuerdo Final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial”, indicaron las partes en un informe leído en La Habana por representantes de Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz colombiano, informó Efe.
El anuncio se realizó al cierre del ciclo 37 de los diálogos de paz en un acto en el que estuvieron presentes también los negociadores de ambas partes, así como delegados de Venezuela y Chile, países que actúan como acompañantes del proceso.
Enfocada al reconocimiento de las víctimas, la Comisión de la Verdad tendrá como misión esclarecer las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto y arrojar luz sobre las distintas responsabilidades colectivas, tanto del Estado colombiano, las FARC, los paramilitares y de cualquier grupo o institución, nacional e internacional, que haya tenido participación en la guerra.
También deberá evaluar el impacto que ha tenido la guerra en la sociedad, en el ejercicio de la política y en el funcionamiento de la democracia y clarificar los factores que han contribuido a la persistencia de la guerra, entre otros fines.
La Comisión de la Verdad tendrá carácter transitorio, con una duración de tres años y un periodo anterior de preparación de seis meses.
Este mecanismo tendrá carácter extrajudicial: no implicará la imputación penal de quienes comparezcan ante la Comisión, ni ésta podrá trasladar a la Justicia la información que reciba o produzca con fines probatorios o para atribuir responsabilidades judiciales.
Tampoco las autoridades judiciales podrán requerir a la Comisión de la Verdad la información que reciba.
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