Hace pocos meses se anunció que la burocracia gubernamental administrará el dinero destinado al sector pasivo del país. El anuncio da cuenta de la aprobación de un decreto por el que se fija montos excesivos para el pago de sueldos a quienes tengan a su cargo esa labor y que, en todo caso, va en detrimento del sector pasivo que, con mucha razón, querría que el dinero producto de sus aportes y que sobrepasan los 11 mil millones de dólares, sea debida, honesta y responsablemente manejado.
El dinero de la llamada Gestoría Pública de Seguridad Social tiene el objeto de cubrir las jubilaciones del sector pasivo; pero, el hecho de que sea administrado con grandes emolumentos para quienes vayan a manejarlo, parece, desde todo punto de vista, excesivo, especialmente si se tiene en cuenta que las autoridades económicas del Gobierno indican periódicamente que “no hay dinero para incrementar los montos de jubilaciones o, por lo menos, otorgar un bono extraordinario”.
Lo señalado por la disposición gubernamental peca de excesiva porque no hay justificativo para erogar semejantes cantidades a favor de pocos funcionarios, cuya competencia, preparación y experiencia no es conocida por nadie, hecho que querría decir que se busca favorecer sólo a funcionarios del partido de gobierno con altos emolumentos que van en contradicción con la decisión presidencial de que “ningún funcionario debe percibir sueldos mayores a los del Primer Mandatario”.
Los dirigentes de los trabajadores y del sector de jubilados han expresado extrañeza y desacuerdo con la medida a ser adoptada, luego de que las AFP, que administran actualmente esos peculios, hagan las entregas correspondientes. La extrañeza está referida, por otra parte, al hecho de que prácticamente pasa a control gubernamental un monto millonario que, se dice llega a ser, al 31 de diciembre pasado, de $us. 10.588 millones, monto que es importante y que, al ser de libre disponibilidad de las autoridades, surge el temor de que sean utilizados, en parte o en su integridad, para cubrir necesidades del Gobierno, sea en obras de beneficio general o cobertura, por ejemplo, del doble aguinaldo que, con seguridad, se dispondrá nuevamente para la presente gestión.
Hay pues, susceptibilidad en los trabajadores activos y pasivos por el destino que vayan a tener dichos recursos que, con seguridad, a la fecha han llegado a los 11 mil millones de dólares. Según las autoridades, el monto logrado hasta ahora prácticamente se duplicó de lo que sumaban hasta el año 2010 y que se espera que con “una buena administración por personal bien pagado, ese dinero llegará a montos muy altos”.
Estos optimismos no son compartidos por representantes del sector laboral y, menos por el sector pasivo. El Gobierno debería explicar con lujo de detalles sus propósitos al haber dispuesto que las AFP devuelvan montos tan importantes a la burocracia estatal que siempre, en el pasado y actualmente, ha despertado dudas y susceptibilidades.
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