La reforma judicial en el olvido

Continuando con la serie de graves denuncias contra el Órgano Judicial, recientemente el vicepresidente Álvaro García Linera manifestó que la “justicia tiene olor a azufre, que se siente a varios kilómetros” y, enseguida, la Iglesia, por medio de su representante, aseguró que la justicia “Está sometida a intereses”, no es equitativa y está “fuertemente politizada”, afirmaciones que confirman que ese Poder, pilar esencial del Estado, atraviesa una crisis aguda a la que se sumó la sufrida por el Órgano Electoral.

Mientras la justicia en el país sigue padeciendo esa crítica situación, la propuesta presidencial en sentido de procurar una “revolución judicial” ha quedado poco menos que en el olvido, pues no se ha vuelto a escuchar alguna palabra en ese sentido. Al mismo tiempo, otros organismos oficiales y extraoficiales también guardan reserva cautelosa y no aportan alguna idea para la reforma judicial que se ha convertido en una necesidad nacional, en vista de la aguda crisis que se observa en diversos niveles.

Sin embargo, el Colegio de Abogados de La Paz por medio de su presidente ha afirmado que ha tomado cartas en el asunto y que está considerando en los distintos niveles de esa institución algunos planes para presentarlos oportunamente a los organismos que se encargarán de resolver la cuestión y sacar, en esa forma, a ese órgano estatal del colapso en que se encuentra. Esa iniciativa, no obstante su significado, no ha sido seguida por otros colegios y organismos de Derecho.

También se debe observar que hasta el momento el Órgano Legislativo no ha tomado cartas en el asunto, tal vez por sus recargadas labores y tener que considerar asuntos candentes, aunque, en todo caso, de menor importancia en relación con la cuestión judicial.

Una reforma judicial con carácter “revolucionario” es demandada por la opinión pública con urgencia, más aún cuando el pueblo boliviano observa impotente una ola de corrupción en las esferas administrativas del Estado, ya que si bien dicho mal tiene alcances espectaculares, como en el caso del Fondo Indígena, las graves denuncias sobre narcotráfico, violaciones, atracos y otros, de no menor tamaño, van quedando en el olvido y dando paso a la impunidad de los autores de delitos flagrantes con los intereses de la Nación y el Estado.

Finalmente, la solución para el crítico estado en que está el Órgano Judicial servirá para mejorar la situación debilitada del Estado en general, del cual los órganos Legislativo y Electoral pasan por momentos delicados, al mismo tiempo que no dejan de afectar al Órgano Ejecutivo, por dificultades como las denuncias del ex ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, quien aseguró que la Policía, al oponerse a una reforma, se puede “Convertir en un gran factor de desestabilización” del régimen.