Hace unos días entró en vigencia una nueva Ley de Hidrocarburos en España que modificó la antigua que data de 1998.
España entiende que el futuro de los negocios, desarrollo económico, tecnológico y productivo pasa -necesariamente- por impulsar el fracking o fracturación hidráulica o estimulación hidráulica, que es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas/petróleo del subsuelo, denominado “no-convencional”.
Sabiamente alguien dice: la energía representa 10% de la economía mundial que mueve el 90%.
La historia económica española señala que la industria del gas en España tomó impulso desde hace 40 años: hay una red que satisface la demanda (a sus más de 1.600 municipios).
España importa gas natural de Argelia (55%), Francia (13%), Qatar (9%), Nigeria (8%), Trinidad & Tobago (6%), Noruega con Perú (3,5%) vía ductos o LNG (gas natural licuificado).
Esa nueva norma organizó, además, un hub o mercado ibérico del gas natural: una, diríamos, “plataforma” de compra/venta destinada a mejorar intercambios y precios, mejorando condiciones de entrega/suministro.
España apostará fuertemente por el fracking, con incentivos económicos para municipios donde se desarrolle esta actividad. Se crea un Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados (gravamen de 1% y el 4% sobre la producción de gas no convencional).
Las recaudaciones deberán ser invertidas en comunidades autónomas y en aquellos municipios donde se desarrollen los campos.
Buena “receta” de España que varios países en América Latina podrían ir emulando: como Bolivia y Venezuela que necesitan nueva legislación en hidrocarburos, con énfasis en esquemas de producción de hidrocarburos vía fracking para lograr negocios shale/oil shale/gas.
En la perspectiva de la RSE las compañías a cargo de las explotaciones pagarán 1% del valor de la producción a los propietarios de los terrenos situados alrededor de los campos productores. Con ello se tiene que la industria sería responsable con el entorno en el que desarrolla sus operaciones.
Para facilitar la entrada de nuevos comercializadores de gas, se elimina una serie de pasos burocráticos. El Estado es facilitador, en vez de perjudicial a la iniciativa privada en energía.
La nueva legislación permitirá que España pise más fuerte en la Unión Europea, en la perspectiva de la integración energética: cumplir lo ordenado por la Comisión Europea en relación con seguridad de suministro en un mercado europeo integrado con eficiencia energética para reducir costos/demanda, renovación tecnológica permanente y la investigación y fundamentalmente retirar al carbón de las fuentes de energía por su alto nivel de contaminación, que son contrarios a las políticas ambientales europeas.
La infraestructura de recepción de gas LNG (6 regasificadoras) en España es importante, porque desde España a Francia (2 gasoductos: Biriatou y Larrau) se distribuye gas a toda Europa. España dispone de suficiente capacidad de recepción de gas para re-distribuirlo en Europa. La demanda española de gas en 2014 fue de 25,4 (bcm, billón cubic meters), y su capacidad de recibir en sus terminales de regasificación y vía gasoductos es de 60 bcm.
De manera que España sí es un importante key-player para la integración energética en Europa, más aún ahora con la reforma de su esquema legislativo en hidrocarburos.
La política energética de la Unión Europea (UE) busca seguridad energética con eficiencia y sostenibilidad con competitividad y liderazgo mundial. Busca energía a bajo precio, con suministro confiable y que no contamine. España cumple como suministrador eficiente.
Se resalta que España junto a Europa tiene importantes medidas de eficiencia energética (ahorro y mejor utilización de energía).
Pese a la reducción del precio del barril de petróleo la energía seguirá siendo consumida a gran escala, por ello es importante tener la regulación, los financiamientos y la tecnología necesaria para, cuando los precios del barril/petróleo vuelvan a elevarse, tener proyectos fracking.
España está, entonces, en esa nueva visión europea de la integración y seguridad energética.
El autor es consultor del sector privado, síguelo en Twitter para sus análisis: @bguzqueda
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