A través de un comunicado difundido ayer, la Defensoría del Pueblo pidió hacer cumplir la ley y no encubrir a servidores públicos que enfrentan denuncias por violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Hace referencia al caso del diputado Jacinto Vega, que actualmente está siendo procesado por dos casos de violación a menores.
“Creemos que, además de la indiscutible legalidad que sustente su mandato, las autoridades de los órganos del Estado tienen la obligación de sostener y promover conductas éticas y los valores proclamados en la Constitución Política del Estado, que entre otros, establece que el Estado de Bolivia promueve y defiende con prioridad el interés superior de la niña, niño y adolescente, cuyo bienestar debe estar por encima de cualquier otra consideración”, dice el documento.
También se denuncia que en varias oportunidades se suspendieron las audiencias por la inasistencia del acusado, a quien citan mediante edictos por desconocer su paradero.