Defensoría critica lentitud en casos de violencia sexual

La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado oficial, criticó ayer la lentitud con que las autoridades gestionan las denuncias por graves casos de violencia sexual que afectan a niñas, niños y adolescentes y mujeres, cuando los acusados resultan ser sujetos con poder e incluso miembros de los órganos del Estado.

“Creemos que, además de la indiscutible legalidad que sustente su mandato, las autoridades de los órganos del Estado tienen la obligación de sostener y promover conductas éticas y los valores proclamados en la Constitución Política del Estado, que entre otros, establece que el Estado Plurinacional de Bolivia promueve y defiende con prioridad el interés superior de la niña, niño y adolescente, cuyo bienestar debe estar por encima de cualquier otra consideración”, dice el comunicado.

La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres se ha convertido en una de los ámbitos más graves de vulneración de los derechos humanos en Bolivia y que se sostiene y acrecienta precisamente por un sistema judicial, policial e incluso social, que promueve y permite la impunidad, especialmente cuando los perpetradores resultan tener distintos niveles de poder e influencia. Mientras este sistema oprobioso no cambie, los casos van a seguir incrementándose en todos los ámbitos y niveles en los que se evidencian.

“En este sentido, nos preocupa que, pese a la existencia de claros indicios y declaraciones de las víctimas que señalan a un diputado nacional como presunto violador de dos niñas en Villamontes, ocurridas en el lapso de dos años y sobre el que se tienen procesos penales ante las instancias judiciales, se mantenga en la actualidad sus prerrogativas como Representante Nacional, limitándose la instancia responsable a solicitarle que voluntariamente pida licencia y demandando que los denunciantes, entre las que están las propias niñas víctimas, presenten más pruebas para sustentar su acusación”.

Esta forma de responder a las denuncias puede constituirse en un mecanismo velado para socapar, proteger y apañar a individuos que tienen procesos penales y probablemente son responsables de haber cometido crímenes cargados de salvajismo y violencia machista que han destruido la vida de inocentes niñas o mujeres.

La Defensoría del Pueblo, responsable de velar por el cumplimiento, vigencia, promoción y difusión de los derechos humanos, realizará el seguimiento a este caso, en el ámbito de sus facultades y responsabilidades y respondiendo al mandato de la Constitución, las leyes específicas y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Bolivia que establecen con claridad que el bienestar y el interés de las niñas, niños y adolescentes deben estar por encima de cualquier otro interés o consideración.