Jueces correctos en la picota

Todos estamos conscientes del desprestigio del sistema judicial de Bolivia. Casi permanentemente la prensa escrita y oral se ocupa de este fenómeno que parece consustancial en los países del tercer mundo. La corrupción, la concusión, el cohecho, los fallos injustos, la retardación de justicia son los temas que llenan los diarios y son motivo de comentarios callejeros. Es verdad que esos males se multiplican a la par de los delitos, desde los más horrendos e inhumanos, que no son juzgados para escarmiento, por tantos recursos dilatorios a los que recurren abogados sin escrúpulos que manejan los recursos más perversos para burlar la pronta aplicación de las leyes o para incriminar a personas inocentes.

Aquí viene la contradictoria apreciación del fenómeno judicial. Mientras se repulsa la mala actuación de los jueces, así como el prevaricato, el proceso que se maneja con arbitrio, la retardación de justicia, los fiscales omnipotentes, casi siempre de conducta sinuosa, igual se critica la conducta de jueces honorables que inspiran respeto y admiración, porque actúan contra las consignas del poder autoritario. Sin duda, hay buenos jueces y juezas, correctos, dignos. Pero el mayor problema del sistema judicial siempre ha sido su falta de independencia de los otros órganos, es decir su sometimiento al poder político, lo que hace ilusorio que una persona privada obtenga justicia frente a poderosas instituciones públicas.

Por eso ideamos la elección del Poder Judicial, para que teniendo el mismo origen en su conformación, es decir no designados por el Poder Legislativo ni Ejecutivo, tuviera realmente independencia frente a éstos y actuara sin sometimiento, con esa autonomía que le dé decoro y dignidad en su desempeño.

Se aplicó la iniciativa; mas totalmente distorsionada, llevándola a una situación de mayor subordinación, al extremo de que otro órgano, el Electoral, ha colapsado vergonzosamente por la misma causa, su sometimiento a influencias políticas.

El Juez, autoridad de cuyas decisiones emergen la justicia o la injusticia en las causas que se somete a su conocimiento, tiene, pues, una responsabilidad enorme, porque de ellas resulta la armonía social, porque si falla ilegalmente el peso de la sanción pública es fatal; pero no debe ser lo mismo cuando actúa correcta, legalmente y de acuerdo con su recta conciencia. Esto lo comprendemos mejor quienes sufrimos el martirio de la injusticia y el peso del abuso de poder; aquéllos que después de 30 o más años de pleitos somos vencidos por un telefonazo del Ejecutivo al Magistrado que tuerce hasta el recto sentido por favorecer a una institución poderosa del ámbito público.

Es indigno que en este trajinar se modifique sentencias emergentes de acciones de amparo, por ejemplo, sólo por fuerza del poder político y obedeciendo la consigna de que las instituciones del Estado no deben perder en juicio ni hay deudas a terceros particulares que deba pagarse, por más legítimas que sean; cuando es bien sabido que el Estado ha tenido que pagar cuantiosas sumas a individuos con influencia política o a empresas extranjeras que merecen el respaldo del poder de transnacionales o gobiernos más fuertes.

Por eso causa beneplácito que una señora Jueza cumpla su deber en un caso de abuso de autoridad -ya que se demolió un edificio-, ajustada a la ley y al derecho y este acto de valentía debía merecer elogio y no el castigo del poder político, cuando deben purgar su culpa los autores de irresponsabilidad, los que usan el poder con soberbia, los que, en fin, cometen abuso de autoridad, cosa tan frecuente en nuestra administración.

No podemos dejar de ocuparnos en este opúsculo, de los abogados que actúan cohonestando ese abuso de poder, de esos que creen que ganar juicios utilizando influencias indecorosas es un mérito. ¡Cuánto tienen que ver los abogados de instituciones públicas en la siembra de la injusticia en el sistema judicial boliviano que de tanto desprestigio goza!

Y sin embargo de todo esto, frecuentemente se lanza discursos grandilocuentes acerca de que en nuestro país campea la seguridad jurídica, cuando estamos tan lejos de vivir esta panacea. El que no goza de respaldo político y económico está condenado a una vida de martirio inacabable, a ir de Herodes a Pilatos (léase de abogados a fiscales y magistrados), lo que atenta en grande medida contra el vivir bien de los ciudadanos y familias bolivianas.

Con qué frecuencia se perdona despojos, avasallamientos y tantos delitos, por el ardid de abogados embusteros y se condena a jueces probos; hemos conocido a varios que son merecedores de reconocimiento público, como en el caso citado.

Otro aspecto que no se toca en la moralización de la justicia es la formación del abogado, que es de donde debe comenzar la organización de la justicia, porque el funcionario, el Juez, primero son abogados y como son éstos serán aquéllos. Entonces es en las Escuelas de Derecho donde se debe empezar, para hacer de la abogacía una profesión selectiva y honorable.

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