José Luis Bautista Vallejos
La práctica de los “usos y costumbres” está muy arraigada en las comunidades del área rural boliviana. Consiste en que, según el principio de rotación anual, cada comunario, propietario de un terreno, deberá pasar uno de los cargos comunales que garanticen el buen funcionamiento de la escuela y la continuidad de los trámites administrativos en representación del lugar. De hecho, dentro del “taqui” (camino) que un varón debe recorrer para ser “jaque” (gente) se incluye: el paso por el cuartel, el matrimonio y el cumplimiento de varios cargos de servicio en su comunidad.
Curiosamente, en décadas recientes el “taqui” se ha visto engrosado por la asunción de cargos con ascendencia jerárquica. Asimismo, las comunidades están afiliadas a subcentrales agrarias vinculadas a una entidad matriz, la que aglutina a los representantes nacionales de los movimientos indígenas originarios campesinos. Además, quienes ocupan los cargos más elevados de aquella jerarquía han desarrollado todos los pasos del “taqui” y son elegidos mediante multitudinarios cabildos, gracias al apoyo y aceptación de varias comunidades.
¿Qué tiene que ver esto con las Juntas Vecinales de El Alto? Obviamente, nada. Algunos dirigentes de la Fejuve alteña no siguen la línea anterior porque, en primer lugar, no han comenzado desde abajo ni han ocupado paulatinamente cargos en beneficio de su comunidad. Ellos han dado saltos gigantescos desde la presidencia de una zona, pasando por algún puesto intermedio, hasta insertarse parasitariamente en la Fejuve. En segundo lugar, el manejo de esta entidad se parece más a un sindicato que a una Federación Vecinal, pues por años se buscó y aún se busca entorpecer la gestión edilicia de cualquier burgomaestre que se oponga a los intereses personales de los dirigentes, a saber, a ganarse la buena voluntad del partido político que pueda darles algún tipo de favor, insisto, personal.
Ya no importa si en la zona en que vive tal o cual dirigente funciona o no el alumbrado público, lo único que parece ser relevante para estos personajes es asegurar la ampliación o refacción de sus casas, así como la adquisición de algún vehículo particular. Ése ha sido el nefasto panorama en esta joven ciudad desde su fundación el 6 de marzo de 1985. Esto se vio por varios periodos edilicios, en los que cada tienda política que asumía el poder veía la imposibilidad de ejercerlo positivamente; el asunto no podía ser distinto con el MAS.
La única diferencia de la gestión masista en la alcaldía alteña, respecto a las anteriores, fue frenar los ímpetus de los dirigentes citados mediante un trato preferencial plagado de dádivas individuales, lo que, de hecho, resultó una práctica infructuosa, pues los cabecillas del movimiento vecinal alteño, habituados a ser parte de la oposición, no permitieron el cumplimiento de las metas trazadas por Patana y su séquito. Paradójicamente, la respuesta debió surgir desde las bases, primero con el voto castigo al MAS y, segundo, con una abierta negativa a cumplir la jornada de paro y bloqueo convocada hace poco por la Fejuve alteña.
El reciente escándalo del Fondo Indígena prueba que las personas con ética aviesa pueden hacer fallar un sistema de organización tan atractivo como el presentado a un inicio. Aunque las instituciones indígenas campesinas han sido mordidas por el sindicalismo, por sus venas corren hábitos milenarios que permiten su subsistencia. Por ello, en aras de la formación de nuevos líderes, se debería revisar el andamiaje de esa forma de organización comunal y desterrar las viejas prácticas desarrolladas en sindicatos y en algunas entidades cívicas o vecinales: se debe dejar de utilizar a las instituciones como trampolín ideal para hacer carrera sindical o política.
Las bases no constituyen una escalera: son familias que necesitan que en sus domicilios los servicios básicos funcionen óptimamente; son personas que desean transitar seguras por las calles; son niños y jóvenes ansiosos por respirar un mejor mañana.
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