¿Imponer un tributo a la coca?

En este contexto específico social acaba de ser introducido un tema relativamente nuevo, cuando en realidad, tiene raíces históricas apenas fundada la República de Bolivia: el impuesto al sector agrario y a la producción de la coca.

DECRETOS Y RECHAZOS

En diversas etapas del acontecer nacional, el Estado boliviano impuso a las mayorías nacionales, el pago de un tributo a la tierra y un impuesto personal al campesino. Sin embargo, por una y otra razón, el sector indígena rechazó aquellas imposiciones tributarias.

Más decretos que leyes, desde el gobierno de José Ballivián, que estableció en Siglo Diecinueve la tenencia de la tierra por el Estado, pasando por Mariano Melgarejo que impuso un tributo indígena hasta que en el Siglo Veinte, después de la cruenta Guerra del Chaco surgió una nueva conciencia nacional, que posibilitó la fundación de sindicatos agrarios.

El 15 de mayo de 1945 fue inaugurado el Primer Congreso Campesino que rechazó cualquier impuesto, siguiendo la línea de agrupaciones sindicales que se rebelaron contra gobiernos desde 1860 a 1871, que habían decretado la obligación tributaria de todas las comunidades indígenas del país.

Numerosos levantamientos campesinos ocurrieron entre 1921 y 1927, en el área de Jesús de Machaca, Chayanta y Puerto Acosta, precisamente contra los decretos que imponían tributos al sector agrario.

Como un dato que ayude a comprender la situación de aquellas jornadas, citemos que en el año 1950, “en Bolivia había más de 32 millones de hectáreas de propiedad rural de las cuales sólo se cultivaban 654 mil hectáreas, es decir, sólo el 2 por ciento de la tierra”.

CSUTCB

A grandes rasgos, citamos acciones y reacciones contra el impuesto a la tierra y al indígena, pero vale la pena aún, nombrar una de las conclusiones del “Magno Congreso Extraordinario de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), realizado en la ciudad de Potosí, en julio de 1988.

El inciso efe, de las conclusiones y recomendaciones para la defensa de coca, dice a la letra: “Se declara a todos los compañeros campesinos de Bolivia y en torno a la Csutcb, en estado de emergencia y movilización permanente por la defensa de nuestras vidas, nuestros cultivos de coca…”

Una cita más sobre aquel Congreso Extraordinario: “Inciso a). Los objetivos de la lucha de los productores de coca del país, que se plasmaron en los Convenios del 6 de junio de 1987; 5 de febrero de 1988, son irrenunciables, por lo tanto, constituyen parte de la plataforma permanente de lucha intransigente de la clase campesina, obrera y popular”.

Valga la introducción arriba escrita sobre el tributo campesino.

IMPUESTO A LA COCA

A continuación, el enfoque del presidente Evo Morales, respecto al impuesto a la coca: “El tema de impuestos no es ninguna novedad” dijo y agregó que en la época en la que él se dedicaba a la comercialización de la hoja de coca, en los años 80, pagó impuestos por esa actividad a la Aduana Agropecuaria Nacional.

Sin embargo, añadió: antes de “retomar” el impuesto para los cocaleros, los productores de coca de Yungas y del trópico de Cochabamba deben llegar a un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Economía.

La opinión del Primer Mandatario recordaba entre líneas las declaraciones del ministro de Economía, Luis Arce, quien dijo: “Les tenemos una sorpresa. Hay una ley que se está trabajando para el tema de la comercialización de la hoja de coca. Hay avances buenos y allí vemos total y completa predisposición de los compañeros cocaleros de tributar. Ellos nunca se han negado a tributar, como es el caso de los carniceros. Hay mucha diferencia con el sector de los cocaleros. Se está en conversaciones, yo creo que va haber sorpresas”.

¿UNILATERAL?

Un representante de los productores tradicionales de coca, de los Yungas del departamento de La Paz, respondiendo a la posibilidad de que muy pronto exista una ley de impuesto a la coca, afirmó que los cocaleros están de acuerdo ¿opinión unilateral que no tomaría en cuenta la posición de los cocaleros del Chapare?

Según ANF, el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Ernesto Cordero, manifestó que los productores de coca de los Yungas están de acuerdo con pagar impuestos y que la ley que el Ministro de Economía y Finanzas anunció estar trabajando junto a este gremio debe ser en favor del país. Recordó que ellos ya hacen un aporte de Bs 5 por taque de coca, y que les gustaría que ese aporte pueda ir a las arcas estatales. En septiembre 2014, Cordero rechazó la proposición del Gobierno de pagar un impuesto por la hoja de coca.

Empero, cambiaron sus declaraciones de ayer: “Queremos producir cítricos y volver a ser el Yungas paraíso y no sólo ser productores de coca”, dijo recientemente Cordero.

CONCLUSIÓN

El impuesto a la coca ha sido un problema para gobiernos de los siglos Diecinueve y Veinte y como testimonió la Csutcb en julio de 1988, la defensa de la hoja milenaria constituía plataforma de lucha de la clase campesina y no sólo de los productores de coca.

Factor que nos sugiere en julio 2015, que por ejemplo, la opinión de Ernesto Cordero, de los Yungas de La Paz, sería política incluso por proponer un cambio radical de productos que suplanten a la coca.

Los Yungas, de acuerdo a la Ley 1008, es una región tradicional del cultivo de coca ¿será posible que los productores yungueños, acepten erradicar todos sus cocales, para dedicarse a la producción de frutales?

En cuanto a la reacción de las Federaciones de Productores de Coca del trópico de Cochabamba, epicentro de las grandes marchas interdepartamentales en defensa de la hoja de coca y contra la erradicación de los sembradíos, estando aún vigente el pedido de ampliar nuevos catos de coca, ¿estarían dispuestas a levantar bandera blanca?

Recordemos también, que el actual Gobierno, en defensa de los cocaleros, expulsó en 2008, a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) y por último citemos a la dividida organización campesina Conamaq: en julio 2014, el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyo (Conamaq), organización de raigambre campesina, rechazó la sugerencia del Gobierno de adquirir el excedente de coca producida en el Chapare, para evitar que la hoja milenaria alimente a las fábricas de cocaína del narcotráfico.

Son pros y contras que anuncian una difícil batalla por imponer un posible tributo a la coca, siendo sus productores, los principales gestores, entre otros sectores sociales, del cambio que sacudió al sistema político en octubre 2003. (Clovis Díaz de O.F.) (clovisdiazfgmail.com)