Áreas protegidas

Sernap calla sobre trabajos de exploración y explotación

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas estaría atravesando conflictos en su dirección nacional, por lo cual se esperará que la normalidad llegue, para conocer una postura de la institución


El Decreto Supremo 2366 autoriza al Gobierno realizar actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en áreas protegidas.

El Decreto Supremo 2366 aprobado por el presidente Evo Morales el pasado 20 de mayo, autoriza al Gobierno realizar actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en áreas protegidas.

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) es la institución encargada de velar y cuidar por estos espacios en el territorio nacional, sin embargo, el director departamental de esta entidad, Julio Guerrero, evitó hablar del tema, pues refirió que está a la espera de una posición nacional de sus superiores.

El País visitó las oficinas del Sernap en Tarija para conocer la postura de los funcionarios respecto al tema, especialmente de los trabajos que se desarrollan en la Reserva Nacional de Flora y Fauna “Tariquía”, pero el intento fue vano debido a que según el director del Sernap, se trata de un asunto “delicado” para declarar.

Guerrero explicó que al momento, el Sernap atraviesa conflictos en su dirección nacional, por lo que esperan que esto se normalice para poder hacer conocer recién una postura de la institución.

El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) en su informe “Territorios Indígenas y Áreas protegidas en la Mira” devela que cinco de las 22 áreas protegidas: Madidi, Aguaragüe, Tariquía, Iñao, Pilón Lajas y Manuripi fueron desnaturalizadas, es decir, que la superficie comprometida es tan grande que el área protegida dejará de ser tal, para convertirse en zona de actividad extractivista de recursos.

En lo que concierne a Tarija, el Cedib identifica dos reservas en peligro: Tariquía con una superficie total de 247.435,12 hectáreas (Ha) de las cuales 136.277, 3 Ha son afectadas. Mientras que la reserva del Aguaragüe, que tiene una extensión de 108.348,00 Ha, muestra un total de 78.595,00 Ha de territorio afectado.

La bióloga de la organización Nativa (Naturaleza, Tierra y Vida), Adriana Ávila, explicó que son aproximadamente unas 3.600 personas las que viven en el interior de la reserva, distribuidas en 10 comunidades.

De acuerdo a la Ley de Medioambiente, el propósito de las Áreas Protegidas es “proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país”. Esa es su razón de ser y por la que contaban con la proteccióndel Estado.

CRÍTICA AMBIENTALISTA

Pero según el biólogo y activista ambiental, Gonzalo Torres, con esta acción el Gobierno comete un “terrible” hecho el dar permiso para entrar a una reserva de mucho valor ambiental para Tarija. Asegura que se trata de una de las reservas que cuenta con más biodiversidad, y ha sido protegida hasta ahora por el Sernap, conservando “un estado ejemplar”.

De esta manera, Torres criticó al Gobierno de Morales, pues cuestionó que haya utilizado el discurso de la madre tierra o Pachamama para garantizar el apoyo de la población, y ahora actúe de forma contraria.

“Si bien los hidrocarburos valen dinero, no creo que valga la pena. Éste es un Gobierno careta, nos ha hecho un amague de cambio, ha mentido al pueblo boliviano, nos ha hecho creer que respeta a los indígenas, que lucha contra la corrupción, que la Pachamama tiene un valor especial para ellos, que entendían el vínculo entre el humano y la tierra. Son lo mismo o peor, el MAS se ha hecho burla de la madre tierra y los seres vivos”, expresó Torres.

Torres sostuvo que espera reunirse en torno al tema con ambientalistas locales para tomar una posición al respecto, mientras tanto, dijo que se tiene ya el asesoramiento legal para enviar una carta a la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de que se interceda ante las autoridades nacionales competentes recordándoles las leyes que protegen a la naturaleza. (EL PAÍS)

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