​Venezuela:

El Decreto 1787 o la Zodimain Atlántica

Por Adolfo R. Taylhardat

El hábito no hace al monje. Desempeñar un puesto en la Cancillería no convierte al funcionario en diplomático y mucho menos lo hace un experto en relaciones internacionales. Un buen diplomático no se improvisa. Para muestra un botón: la pasantía del ilegítimo por la Cancillería no le sirvió para entender qué significa política exterior. Lo mismo puede decirse de la señora Delcy Rodríguez.

El chavismo nunca ha tenido una política internacional. Lo que ha habido es una improvisación permanente, resultado de las inspiraciones momentáneas de quien ejerce la presidencia. Así fue durante el chavismo y ahora, todavía peor bajo el madurismo. En estos últimos días hemos sido testigos de un rosario de traspiés, por no decir metidas de pata, en el manejo de las relaciones internacionales: el tratamiento dado a los expresidentes Pastrana y Quiroga, lo ocurrido con la visita Felipe Gonzàlez, la cancelación de la audiencia con el Papa, la acusación de que Colombia exporta miseria hacia Venezuela, la excusa de una otitis para la cancelación del viaje a Italia, la ausencia en la Cumbre UE – Celac.

ZODIMAIN

Por eso me voy a limitar al que tiene que ver con el decreto 1787 mediante el cual se crean y activan las “Zodimain” (parece el nombre de un personaje de película de aventura): Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular.

Pero antes de seguir adelante considero necesario hacer un breve paréntesis histórico para que no se me califique de traidor a la patria, cómplice de Guyana o vendido al enemigo por lo que digo en este artículo.

En diciembre de 1961, siendo yo representante de Venezuela en la 4ª. Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Asuntos Coloniales) se presentó como peticionario el entonces Primer Ministro de la Guayana Inglesa, Cheddy Jagan, para exigir la independencia de esa colonia. A raíz de eso presenté al entonces Canciller Marcos Falcón Briceño un “punto de Cuenta” en el cual señalé que, antes de que le fuera concedida la independencia a la Guayan Inglesa, Venezuela debía formular ante la Naciones Unidas un planteamiento enérgico reivindicando su derecho sobre el territorio que le fue despojado por el Laudo Arbiral de 1899. En ese mismo punto de cuenta recomendé una serie de iniciativas y acciones destinadas a divulgar y consolidar los alegatos venezolanos. Mis planteamientos fueron elevados a la consideración del Presidente Rómulo Betancourt y ulteriormente en el Gabinete y se aprobaron mis recomendaciones. Posteriormente el Canciller Marcos Falcón Briceño hizo una firme y categórica intervención en la cual expuso en detalle los fundamentos del reclamo venezolano y proclamó nulo e írrito el Laudo Arbitral del 1899. La intervención del Canciller Falcón Briceño condujo al establecimiento de un mecanismo de reuniones de los ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela y el Reino Unido

Han transcurrido 49 largos años desde la firma del Acuerdo de Ginebra y no se ha avanzado nada en el proceso de reivindicación del territorio esequibo. Sobre todo en los últimos 17 años la política de “guante de seda” que aplicó el fallecido fürer, continuada por el ilegítimo, para asegurarse la simpatía de los países caribeños, ha jugado en contra de nuestra reclamación. De pronto, reaccionando ante las críticas de la opinión nacional por la pasividad del régimen y como para dar una demostración de machismo, el ilegitimo promulgó el pasado 27 de junio el decreto 1787 mediante el cual se crea la “Zodimain Atlántica”.

El Decreto, de manera unilateral y arbitraria traza una línea que, partiendo de la desembocadura del rio Esequibo se proyecta hacia el atlántico e incorpora al espacio marítimo venezolana toda el área de mar situado frente al territorio esequibo con lo cual transforma la llamada “fachada atlántica” venezolana en la ZODIMAIN Atlántica.

Lo cierto es que en fin de cuentas, en lugar de favorecer a nuestro país ese decreto puso la pelota en manos de Guyana cuyo gobierno se proclama víctima de una medida absolutamente contraria al derecho internacional. En mi opinión el Decreto está reñido con las normas más elementales del derecho internacional y del derecho del mar y ha estimulado la solidaridad internacional a favor de Guyana que se presenta como el pequeño país víctima de la prepotencia de su vecino poderoso. El gobierno de Guyana ha anunciado que elevará el caso a las instancias internacionales, concretamente las Naciones Unidas y expondrá la situación en la próxima reunión de CARICOM donde con toda seguridad recibirá el apoyo de toda la comunidad de países caribeños. De hecho, ya el Gobierno de Guyana le ha pedido al Secretario General de las Naciones Unidas que “acelere la búsqueda de una solución legal al diferendo”

Por culpa de ese traspié del ilegitimo, Guyana se ha visto fortalecida a los ojos de la comunidad internacional y ha quedado en condiciones de poder manejar la evolución futura del caso. Manteniéndose dentro del marco del Acuerdo de Ginebra Guyana puede escoger cuál de los medios de solución pacífica contemplados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas se aplicará ahora. La negociación fracasó, la investigación y la conciliación están superadas, los buenos oficios, como ha quedado demostrado, no han conducido a nada y el arbitraje está totalmente descartado porque nuestro país, después de la experiencia de 1899, no se sometería a un nuevo arbitraje. Quedan en píe la mediación que, conociendo la soberbia con la cual el ilegítimo ha reaccionado ante los ofrecimientos de mediación que se han hecho en relación con la situación interna del país, creo que está igualmente descartada. Por último está el recurso a la justicia. Si Guyana decidiera acudir a la Corte Internacional de Justicia pondría a Venezuela en un auténtico aprieto. Como Estado Miembro de las Naciones Unidas, Venezuela está obligada a aceptar la jurisdicción de la CIJ y a acatar sus decisiones. Son numerosos los casos de controversias entre países de nuestra región que han sido resueltos por la CIJ (Colombia – Perú, Chile – Bolivia, Chile – Argentina, Colombia – Nicaragua, Argentina – Uruguay, entre otros). Vale destacar que Por su parte, la cancillería guyanesa ha manifestado que “un proceso legal es el mejor, si no el único camino abierto entre nosotros”, después de los fracasados intentos anteriores para resolver la controversia.

Inevitablemente Venezuela sufrirá una vez más las consecuencias de la improvisación, la precipitación, la ignorancia y la ineptitud. (www.adolfotaylhardat.net/indexbis)

 
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