Según afirmaciones del Presidente de la República formuladas en abril pasado, el Gobierno prevé que la inversión pública, este año 2015, podría alcanzar la suma de 8 mil millones de dólares. Es una afirmación optimista si se tiene en cuenta que los ingresos por las exportaciones de gas y minerales disminuirá notablemente, en comparación con el año 2014. Señaló el Primer Mandatario, por otra parte, que “la inversión extranjera podría participar con un mil millones de dólares y el empresariado privado nacional con un mil doscientos millones de dólares”. El total redondearía, más o menos, los diez mil millones de dólares.
Sería interesante que las afirmaciones del Presidente se hagan realidad aunque ésta muestra cuadros muy diferentes: en primer lugar, las inversiones del Gobierno serían procedentes, seguramente, de las reservas internacionales y remanentes que tienen las gobernaciones y alcaldías por no haber invertido lo presupuestado para el año pasado. El caso de las “posibles inversiones” extranjeras estaría sujeto, seguramente, a que existan garantías jurídicas en el país y se den todas las condiciones para que el capital privado actúe exitosamente. Finalmente, el capital privado nacional, si bien habría comprometido una inversión de un mil doscientos millones de dólares, seguramente era atenido a que existan las garantías precisas.
Estaría muy bien que el Gobierno confíe en sus propias fuerzas para que el sector público dé los resultados esperados; pero las experiencias del lejano y reciente pasado muestran que las empresas estatales no responden a las expectativas ni del Gobierno y menos del Estado, porque no siempre están debidamente administradas y tampoco rinden las utilidades que deberían; por el contrario, muchas de ellas requieren, de tanto en tanto, soportes financieros del Estado para continuar operaciones y este es el caso de una erogación de más o menos un mil doscientos millones de dólares para “soportar las economías” de YPFB, ENDE, Entel, Comibol y otras empresas.
El pueblo tiene amargas experiencias en relación con los proyectos y planes de las empresas públicas que poco o nada se han cumplido; éste es, por ejemplo, el caso de Comibol que vive gracias a los soportes gubernamentales para “proyectos y producción que nunca se cumplen” y la empresa no deja de ser, como desde su iniciación en 1952, una entidad destinada a proporcionar trabajo a los adherentes del Gobierno. Si Comibol fuese administrada debida y responsablemente, con criterios técnicos y financieros de alta calidad, podría convertirse en un emporio de riqueza; pero las realidades son siempre diferentes a las buenas intenciones. El país espera, de todos modos, que las informaciones más optimistas se cumplan en relación con las inversiones, sean públicas o privadas, pero habrá que esperar qué medidas efectivas se adopta para que todo ello sea realidad.
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