Es siempre complicado mezclar dos conceptos: medioambiente y exploración/explotación de gas/petróleo; aunque obviamente van indisolublemente “de la mano”.
América Latina tiene muchos ejemplos de actividades energéticas que fueron muy exitosas sin perjudicar el entorno ambiental, como también hay desastrosos ejemplos de verdaderos atentados contra el medio.
La ausencia de criterios técnicos que resuelvan este tipo de contradicciones ocurre cuando hay ausencia de ley moderna que establezca, por ejemplo, parámetros para la exploración/explotación energética en medios ambientalmente sensibles.
En Bolivia el tema empezará a “aparecer” en tanto desde el Poder Ejecutivo se reglamente actividades en áreas “protegidas” (Decreto Supremo 2.366 de 20-05-2015) que autoriza realizar actividad hidrocarburífera en las áreas protegidas (creadas para proteger biodiversidad y ecosistemas específicos con alta fragilidad y albergar especies únicas o en peligro de extinción).
Naturalmente todos estos líos y entredichos se los podría evitar si es que -de una vez- se delibera sobre una nueva Ley de Hidrocarburos. La nueva LH va a normar los aspectos generales de la actividad, entre ellos los aspectos ambientales: va a regular la actividad en áreas ambientalmente sensibles.
Desde 2006 en Bolivia se insiste en una nueva legislación específica para hidrocarburos.
Bolivia tiene más de 20 “áreas protegidas”, 18.271.699 hectáreas (ha) de superficie protegida. Es un país ambientalmente rico y diverso y no descartamos que dentro de los límites jurisdiccionales de esas áreas existan reservorios importantes de petróleo/gas en sus dos modalidades: vale decir los convencionales o los que se podría posteriormente explotar vía fracking. El tema ambiental en Bolivia va a ser todo “un tema”, de no ser oportunamente regulado mediante la nueva LH.
Y cuando empiecen los proyectos de shale (fracking o explotación no-convencional de hidrocarburos con alta utilización de agua) allí habrá otros debates y entredichos. Una nueva LH podría adelantarse a esos escenarios y establecer los parámetros y guías generales de exploración/explotación vía fracking.
Volvamos al presente: una disposición del Ejecutivo (decreto) no es suficiente ni tiene la fuerza legal para re-acomodar las áreas protegidas o establecer condiciones de exploración/explotación de hidrocarburos.
Hoy existen varios contratos de actividades inclusive sobre los límites de las “reservas ambientales”.
La tecnología exploratoria para hidrocarburos avanzó de tal manera, obviamente con costes más elevados, que una exploración/explotación en áreas consideradas “de reserva” es perfectamente posible, pero ello debe estar previamente establecido por una LH que además incentive a las compañías a que sus capitales invertidos van a tener retorno y no van a ser bloqueados a título de “defensas ambientales”.
Partamos de un hecho irreductible: se debe hacer exploración a escala en todo el territorio nacional. Debemos aprovechar el gas y petróleo debajo de la superficie, pero con mecánicas modernas que permitan un equilibrio y respeto al medio ambiente. Pero tampoco se puede paralizar la industria energética (gas petróleo) a título de un falso ambientalismo. La pobreza nos tiene contra las cuerdas y necesitamos del gas para seguir combatiéndola.
En otra perspectiva: tratar de “captar inversiones” vía apertura de “áreas protegidas” es poco menos que mala jugada: las compañías internacionales del sector respetan mucho las normas internacionales ambientales y no se van a meter en camisa de once varas para trabajos de exploración que posteriormente no les sea rentable.
No olvidemos que la caída de precios del barril/petróleo hace menos atractiva la exploración en lugares de riesgo ambiental.
Ratifico, modestamente, que en tanto no haya una LH que establezca las líneas generales de la actividad de la industria exploración/explotación seguiremos con esta actitud de desconcierto.
Tampoco perdamos de vista que en esta década no hubo mucha exploración. No hay mucho dinero que se haya invertido en exploración. Resulta raro que se quiera ahora “abrir” espacios ambientales algo sensibles para exploración.
Todo esto responde, entonces, a la visión. Necesaria es una reforma energética boliviana que responda a una visión de largo plazo en donde se conjugue los intereses del país, los ambientales y el crecimiento de una industria (petróleo/gas) que ciertamente es la más rentable del mundo, con ingresos con los que, apropiadamente, administradores realmente pueden mejorar las condiciones de crecimiento de Bolivia.
Lo que sí debe quedar en claro es que debe parar el gasto de los ingresos por venta de gas. De encontrarse más gas y petróleo debe ser dinero bien administrado. Época de austeridad con alta reducción de costes de operación, más aún si se necesita encarar trabajos de desarrollo (perforaciones) del nuevo campo petrolero (Boquerón) que mejorará la oferta interna de combustibles, con mayores ingresos para el Estado.
Nuevamente: sólo una Ley de Hidrocarburos podrá poner un paraguas y marco general a la actividad. Esa es la verdadera lucha, el verdadero debate: vamos por una nueva Ley de Hidrocarburos.
El autor es consultor del sector privado, sigue sus análisis en Twitter: @bguzqueda
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