Hechos que no deben aceptar las Fuerzas Armadas

Debemos progresivamente darnos cuenta de muchos sucesos que van dañando las mentes de personas con las cuales estamos indirectamente comprometidos, porque prójimos ajenos a ciertas entidades son los que toman decisiones, primero con nombramientos, luego definiendo formas de operar las mismas, y cuando otras personas no están de acuerdo con el partido gobernante, son discriminadas. Esto no lo digo sólo en esta nota, sino en otras anteriores, pero las autoridades repiten los desaciertos.

Con este preámbulo podemos ingresar a ver algo de la Institución Armada, que tiene normas que le permiten innegablemente la protección de todo su entorno, por el tipo de organización disciplinaria, de respeto y decisiones que estén de acuerdo a sus leyes y reglamentos, como dispone la Constitución Política del Estado Plurinacional. Sin embargo el aceptar que se nombre al Gerente General en Cossmil, desvirtúa completamente la norma, la responsabilidad y confirma que carecen de personalidad.

Según se explica, parece que en el futuro esa alta autoridad nombrará comandantes de grandes unidades y luego posiblemente de pequeñas unidades, entonces, ¿cuál sería el desenlace de subordinación? Esto quiere decir que el Alto Mando ha perdido vigencia, demostrando que sus integrantes son figuras decorativas. No se explica su actitud, son profesionales de alto nivel, sin embargo parece que olvidaron la jerarquía que tienen y sus derechos, orientando. Visto desde afuera, se continúa con el servilismo, hecho que se especuló que había sido desterrado.

El permitir que se nombre a un gerente al margen de toda legalidad, desconociendo la organización y los derechos de la Junta Superior de Decisiones, que es la que dispone los nombramientos en COSSMIL, descubre falencias dentro de su entorno. Ahora nos preguntamos: ¿por qué el Alto Mando no hizo respetar a su entidad aseguradora? Lo que sucedió es que seguramente perdieron toda su presencia y aceptan cualquier orden de arriba, no importa de quién, cómo y dónde.

Se realizó estudios para que el sistema del Seguro Social Militar volviera al origen de su creación, sin que signifique solicitar al Estado aportes adicionales para jubilaciones y con una duración de más de 25 años, saliendo del tan mentado nuevo sistema enmarcado a la nueva Ley de Pensiones No. 065, la cual ya señala topes, por los cuales los damnificados serían quienes no han cumplido los 35 años de servicio. Tienen ideas endebles algunas personas que desean que el Ministro de Economía les otorgue un documento que asegure que la Gestora califique las jubilaciones en forma similar a como califican las Administradoras de Fondos de Pensiones. Son absurdos, en ningún momento piensan en su futuro los miembros de las FFAA y sólo velan por sus intereses personales, porque en cualquier momento se puede aplicar los topes señalados por la Ley de pensiones.

Reitero, hasta la fecha en constantes reuniones del sector activo, éstos sólo piensan en su situación personal y no se han tomado la molestia de preocuparse por todos los sectores, obviando a los jubilados que desde hace mucho tiempo tienen un tope de renta. Es en este punto en el que puedo asegurar que se tiene todas las condiciones para retornar al origen de su creación y disponer de un estudio para la nivelación paulatina de los jubilados, pero da la impresión de que se aplica el nomeimportismo de las autoridades, tanto del Alto Mando como de Cossmil. En resumidas cuentas, la Gestora del Estado, según análisis sobre el tema, dispondrá de los recursos en la forma más conveniente, como aseveró un alto dignatario, indicando que se invertirá en empresas productivas del Estado. Si investigamos el caso, los recursos de todos los jubilados del país corren mucho riesgo, porque hasta el momento las empresas del Estado no son rentables, porque además nadie fiscalizará el uso de los aportes, porque el Gobierno es juez y parte, hecho que solamente puede pasar en nuestro país...

Lo correcto debería ser que tanto activos como pasivos, especialmente los primeros, que se constituyan en defensores de su entidad y del futuro de sus rentas, que podrían constituirse en factor principal para tener un sistema propio de pensiones, sin intervención del Estado, salvo la fiscalización por parte de la Contraloría General, bajo normas vigentes.