Políticas honestas deben castigar malas conductas

La gran característica de la civilización es que se rige por leyes o sea valores y principios que norman la vida de los gobiernos, de las personas y de los pueblos. Sin leyes el mundo sería un caos completo, sin armonía ni orden de ninguna clase y donde las pasiones y todos los sentimientos malsanos se desboquen; el “pandemonium” sería de tal magnitud que el mundo estaría enfrentado entre sí y, lógicamente, tendría como corolario, la destrucción del planeta debido al caos y la anarquía.

Las normas que hacen a la civilización y sobre las que se basa la vida de los pueblos, determinan que todos los ciudadanos se ajusten a esas leyes y cuando se las vulnera, sean sometidos a las acciones penales que corresponda; de otro modo, los precedentes que se sentaría serían básicos para el mayor desenfreno por ser contrapuestos a todo valor. La Constitución Política del Estado es la norma que rige la vida de una nación y, como Ley de Leyes o Carta Magna tiene primacía sobre cualquier otra disposición que, forzosamente, se pensó y redactó acorde con ella.

Infringir la ley es, pues, contrario al bien común que son las condiciones de vida de las personas y de ello están debidamente percatados quienes ocupan situaciones de autoridad, personas investidas por las leyes para ejercitar los cargos que tienen. Si esas autoridades, con el poder que les dan las leyes, contradicen el principio y sentido de las mismas, cometen grave delito; delito que, por ser autoridad, tiene doble significación porque uno es el delito que se comete sin ser autoridad y otro es cuando se lo es; en otras palabras, autoridad que vulnera las leyes lo hace como tal y como persona, por lo tanto, ha cuestionado, ha ignorado, ha vulnerado y hasta ha deshonrado la función de confianza que recibió por mandato de la ley.

Es importante por todo ello que la política ejercitada desde el gobierno de un país, esté imbuida de virtudes que se hacen valores y principios que son norma de vida y procedimientos; en otras palabras, la política debe ser honesta y responsable; honesta u honrada en los procedimientos y digna y transparente en las respuestas o responsabilidades que se den o se tenga con el pueblo al que se comprometió servir y honrar, porque el servicio es honra de las personas y de las instituciones, puesto que todo lo que se hace en la vida está dirigido al bien común o, mejor, a conseguir el bienestar de comunidades conformadas por seres humanos.

Cuando las personas adulteran el sentido de las leyes y las violan, no hacen otra cosa que escarnio de la legalidad porque adoptan la anarquía y el caos como conducta. Gobierno que se precia de ser justo, por sus propios principios y valores, debe actuar apegado a las leyes tanto en sus procedimientos como en sus exigencias para que la colectividad que administra reciba el ejemplo debido para comportarse con sujeción a las leyes, requisito fundamental para un ejercicio y disfrute pleno de la libertad y las exigencias legítimas para que los gobernantes actúen sometidos a la Constitución y las leyes; de otro modo, el libertinaje se impone en la conducta general de la sociedad. Y, cuando se habla de que las políticas sean justas, es decir enmarcadas a principios de justicia, se abarca la humildad, la caridad, la solidaridad, la vocación de servicio y la conciencia de país que deben ser los lábaros que dirijan todo accionar.

Es muy importante entender que la política es honesta cuando la conducta de quienes tienen condición de autoridad, cumplen a cabalidad y moralidad sus deberes y responsabilidades porque sólo esas condiciones permiten actuar en contra de la corrupción que, muchas veces se anida en los corazones y la vida de las personas para obrar en contra del ordenamiento legal. Sólo las políticas honestas pueden tener la autoridad moral precisa para castigar las malas conductas porque es el Gobierno legal, legítimo y constitucional el que aplica el rigor de las leyes cuando han sido vulneradas; de otro modo, actúa siempre el libertinaje que es anarquía y resulta “el dejar hacer y dejar pasar” para que la inmunidad de la falta o el delito adquieran condición de impunidad.

El gobierno del Presidente Morales ha sobrepasado con creces cualquier tiempo permisible en las riendas nacionales; por ello mismo, está obligado, por propia conciencia y responsabilidad, a comportamientos que pongan freno a la corrupción, sea en los entornos gubernamentales o fuera de ellos; es tiempo de combatir al contrabando, al hedonismo desenfrenado, a la irresponsabilidad funcionaria, a quienes rehúyen el cumplimiento de deberes y obligaciones o que evitan el pago de tributos; es hora de combatir, seria y enérgicamente, a la producción, tráfico y comercialización de drogas; es tiempo, en fin, de actuar conforme a normas y principios que no pueden soslayarse en nombre de cambios que no existen porque tampoco hay cambios en quienes podrían aplicarlos.