Fiscalía especula con pruebas

La comisión de fiscales que investiga el caso de la muerte del bebé Alexander, sin explicar sus argumentos, se opuso a la apertura de los sobres que contienen las pruebas y documentación recolectada por los investigadores y dejaron entrever discrepancias entre los dos últimos integrantes de la comisión, luego de que el juez tercero de Instrucción en lo Penal, Enrique Morales, los conminara para que presenten la acusación formal, que queda en duda, a pesar de que el plazo vence el próximo lunes.

La mañana de ayer, en el salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con el retraso ocasionado por los fiscales Edwin Blanco y Susana Boyan, el juez Morales instaló la audiencia de apertura de nueve sobres que contienen pruebas recolectadas son presentadas por personal del Instituto de investigaciones Forenses (IDIF).

Sin embargo, Blanco y Boyan se negaron a la apertura de los sobres, luego de que el juez Morales instruyera a estos, explicar cuál era la importancia y los elementos que estas pruebas aportaban al proceso.

Para la abogada Paola Barriga, la extraña solicitud de los fiscales se debe a las varias falencias que se dieron dentro del proceso de investigación, que restan toda credibilidad al trabajo del Ministerio Público, por lo que con esta actitud se trata de encubrir más errores.

La apertura de los sobres se pospuso seis veces, la mayoría de ellas, debido a la inasistencia de los abogados acusadores que representan al Ministerio de Justicia, la Gobernación de La Paz y Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), que en su mayoría desconocen las irregularidades denunciadas por los imputados y abogados defensores, que se cometieron a lo largo de todo el proceso.

En el caso del representante del Ministerio de Justicia, desconoce el contenido de los acuerdos abreviados de las dos sentencias que se han dado dentro del caso Alexander y emite declaraciones en base a los alegatos verbales de los fiscales, dando por verdaderos hechos que no figuran en los documentos.

Los abogados del médico Jhiery F.S., imputado por el supuesto abuso en contra del lactante del ochos meses, denunciaron que los fiscales Blanco y Boyan se han negado de forma sistemática a la solicitud de su defendido, para que se obtengan los extractos de llamadas y presenten sus declaraciones los testigos (compañeros de trabajo) que lo vieron cumpliendo sus funciones la noche del 12 y madrugada del 13 de noviembre, cuando el menor presentó el cuadro de broncoaspiración por el que fue atendido en el Hospital del Niño, dejando en indefensión legal al médico detenido en San Pedro desde el 16 de diciembre, fecha de la última notificación, con la cual se mide el plazo de los seis meses de la etapa investigativa.

Dentro de los sobres, según el detalle policial, se encuentran los registros de atención que realizó el médico, con el detalle de las horas que contradicen la hipótesis del Ministerio Público, que sostiene que no se conoce dónde estaba el galeno.

Por su lado, el fiscal Edwin Blanco corroboró que dentro de los nueve sobres se halla la documentación recolectada por los investigadores, pero de forma contradictoria señaló que sera discutida la importancia de la misma.

DISCUSIONES

“Lo vamos a deliberar en la comisión de fiscales”, declaró Blanco a pesar de que en la audiencia se hallaba su colega Boyan y ambos son los únicos fiscales que componen la comisión, dejando entrever discrepancias que ponen en duda la presentación de la acusación formal.

CONMINATORIA

Por otro lado, llamó la atención el desconociendo del fiscal Blanco sobre los plazos procesales, quien señaló que debía revisar la documentación para saber cuándo fenece el plazo para presentar dicha acusación, siendo que el juez Morales, cumpliendo con los establecido en el Código Penal, notificó al Ministerio Público, incluida una copia al fiscal de distrito, Paúl Franco, para que estos se pronuncien.

De acuerdo con la explicación del juez Morales, las pruebas no fueron anuladas, sino, serán judicializadas en la etapa de juicio y queda expedita la vía legal para que el Ministerio Público cumpla con la conminatoria.

Según el reglamento del Ministerio Público, los fiscales pueden pedir una ampliación de la etapa investigativa de hasta 18 meses, pero esto significará contradecir la postura del fiscal general, Ramiro Guerrero, que desde el mes de noviembre del año pasado, ha sometido a varios miembros del Ministerio Público a humillantes destituciones con la promesa de dar grandes avances en este caso, que a la fecha no fueron cumplidas.