Generala Chávez se acogerá a Ley de Protección de Víctimas

La generala Rosario Chávez habría decidido acogerse a la Ley de Protección de Víctimas contra la posibilidad de ser víctima de posibles represalias como consecuencia de las denuncias de corrupción al interior de la Policía. La decisión de la oficial fue dada a conocer por su abogada Paola Barriga.

La jurista aclaró que la generala Chávez, en su calidad de receptora de las denuncias, cumplió con su deber de poner en conocimiento de lo que ocurre de acuerdo con la cadena de mando.

“Ella está con la intranquilidad de que estas personas de quienes se habría evidenciado porque habrían cometido actos de corrupción puedan generar contra su persona algún hecho que atente contra su vida o la de su familia”, dijo.

“Uno de los posibles hechos de corrupción denunciados tendría relación con el ascenso de generales donde se habría manipulado el reglamento interno para favorecer a algunos policías”, refirió la abogada Barriga.

“En la presente gestión entiendo que se ha fraguado para beneficiar, seguramente a algunos oficiales y están las pruebas”, afirmó al mencionar que en las pruebas está el caso de dos coroneles que debían ascender al grado superior y que por haber sido relegados estarían iniciando las acciones para impugnar esta determinación y estarían apoyando la posición de la generala Chávez.

VICEPRESIDENTE

El vicepresidente Álvaro García Linera acusó a la exsubcomandante de la Policía, la generala Rosario Chávez, de asumir acciones “golpistas”. Argumentó que en la institución verde olivo no puede dejarse de lado la cadena de mando para hacer denuncias de corrupción. Si bien hizo esa crítica anunció que las denuncias serán investigadas.

“No es correcto que con el pretexto de decir algunas denuncias se delibere, eso preocupa que bajo el pretexto de decir: ‘Tengo denuncias de corrupción’ se desconozca la jerarquía y la disciplina (…) La deliberación es la antesala del golpe y nosotros no aceptamos que ningún uniformado delibere en democracia (…) eso es anticonstitucional, antidemocrático y pregolpista’”, rechazó García.

TRANSPARENCIA

Un estudio realizado por el Ministerio de Transparencia en 2014 prueba que existe corrupción dentro de la Policía y una resistencia de sus integrantes a que sea reformada y evidenció la falta de voluntad de las autoridades policiales a iniciar una reforma.

El estudio reflejó que al menos el 50 por ciento de los efectivos no tienen la voluntad de cambiar su forma de operar.

También demostró que hay oficiales que son privilegiados con los mejores “destinos”, por los que los policías pagan alrededor de 300 dólares para que sean destinados, por ejemplo, a la Fuerza de Lucha Contra el Crimen, Control Operativo Aduanero o la división económica.