Organizaciones de DDHH denuncian tortura en Bolivia

ANF.- Organizaciones de Derechos Humanos de Bolivia se adhirieron a la campaña internacional contra la tortura con el lema: ¡Derecho a la rehabilitación ya! Ayer 26 de junio se recuerdó el Día Internacional de la Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de tortura.

El Instituto de Terapia e Investigación sobre la Tortura (ITEI), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y su filial de La Paz, la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad, el Movimiento "Mujeres libertad" y la Unión de expresos y exiliados de Bolivia expresaron sus reflexiones y preocupaciones sobre la práctica de la tortura en el país y sobre la rehabilitación como un derecho para las víctimas.

Las instituciones, mediante un pronunciamiento, señalaron que la tortura ha sido y es en Bolivia una práctica -en dictadura y periodos democráticos- que busca silenciar a las personas afectadas con el uso de amenazas, para encubrir los hechos, y donde participan autoridades judiciales, policiales, militares y de gobierno.

"La tortura en nuestro país tiene dos funciones principales: La primera, se la utiliza con fines de investigación y confesión. La Policía y la justicia no emplean métodos científicos de investigación, la tortura es un método barato y aparentemente eficaz", indica.

En ese sentido, las instituciones concluyen que la Policía y la Justicia en el país antes de encontrar a los verdaderos culpables de un delito, lo que quieren es tener un "culpable", es decir quien pague. "Si de hecho (la persona) es inocente, pues 'mala suerte'. La presunción de inocencia es casi inexistente", señalan.

La segunda función de la práctica de la tortura, según las instituciones, ocurre con fines "educativos". Esta conducta "rige en la policía, las fuerzas armadas y en una parte de la población, la idea que para educar hay que saber dar 'una buena lección', una buena paliza, y en ese ámbito los métodos de tortura son bienvenidos". Un ejemplo ilustrativo es el ocurrido a los estudiantes de la Universidad Indígena Túpac Katari, en Chúa.

Subrayan que la práctica de la tortura no es exclusividad de los gobiernos dictatoriales como lo evidencian los recientes casos ocurridos en el país, donde efectivos policiales y militares torturan a detenidos bajo la vigilante mirada de fiscales y autoridades de gobierno.

CASOS

Un caso emblemático es el ocurrido a Juan Bascopé, principal implicado en el caso Apolo, según el Ministerio Público y el gobierno, que sin embargo hasta el momento no existen pruebas fehacientes que lo incriminen.

Bascopé fue torturado en octubre de 2013 durante 20 días por policías y militares. "Me llevaron a las oficinas del Centro de Investigación del Gobierno (ubicado en Obrajes), donde ingresaron unos 25 militares quienes empezaron a golpearme; me dieron patadas en la cabeza, en la espalda, me fracturaron el tabique, pómulo y costillas. Me pusieron una bolsa negra de plástico en la cabeza y cerraron la bolsa, me asfixiaba "Me destrozaron una mano, pusieron fierros entre los dedos y apretaron", testimonió. Pese a esta situación, que fue corroborada por un examen médico, las autoridades no iniciaron ninguna investigación.