Fejuve de El Alto, mala experiencia

El nacimiento de las Juntas Vecinales no es reciente, sino que sus gérmenes se encuentran en la Colonia, al igual que los cabildos trasplantados de la metrópoli, cabildos que alcanzaron esplendor en el proceso de independencia de las colonias de España. Claros ejemplos de ello son, entre otros, los cabildos de La Paz, el mismo 16 de julio de 1809, y el de Buenos Aires de 1810. Como una especie de herencia, las juntas de vecinos en la República no eran, como su nombre lo indica, más que una reunión de vecinos para velar por las necesidades domésticas zonales en las ciudades, tales como la atención de calles, el aseo público, el alumbrado nocturno que aún no era eléctrico y otras eventualidades. Su actual finalidad básicamente no debe ser otra, si bien más compleja por el ritmo de la modernidad.

Al amparo de la enorme politización del país, las Juntas Vecinales han derivado en un impropio papel político de consecuencias, como las de El Alto. Se las utiliza en función de “grupos de presión”, ampliándolas desmesuradamente a Federaciones y Confederaciones. No son, desde ningún punto de vista, asociaciones orgánicas -palabra muy de moda-, vocablo usado paradójicamente en referencia a las organizaciones menos orgánicas. No lo son las Juntas Vecinales porque, como es conocido, no pasan de un grupo de amigos en las zonas, reunidos con la mira puesta en algún beneficio personal por la explotación del llamativo nombre. Sus elecciones -si pueden llamarse así- son igualmente raquíticas, tanto que muchas veces los nombres no alcanzan para llenar los cargos convocados. Otro tanto sucede con sus estatutos, aprobados también entre cuatro paredes.

Siendo muy grande la expectativa de prebendas, los asiduos suman algunas decenas. La mayor convocatoria de algunas Juntas como las de El Alto, se debe a las presiones que son ejercidas por los dirigentes a través del cobro de multas y vendettas contra los bienes de los vecinos, es decir, los mismos métodos utilizados por otros organismos de El Alto. Se explota a cabalidad el sentido comunitario propio de los sectores campesinos, tanto más en una población que conserva esa idiosincrasia. Este extremo no tiene cabida en los barrios que carecen de esa connotación.

Si el Gobierno Central y la alcaldía son políticamente opuestos, surgen dos “federaciones” de juntas vecinales sustentadas por los respectivos gobiernos, mientras sus dirigentes se benefician por igual. El ejemplo más fresco nos brinda la Federación de El Alto. No sólo cogestionó con el cuestionado alcalde Edgar Patana, sino que lo apoyó electoralmente, al extremo que sus dirigentes casi no esperaron que jure al cargo la alcaldesa Soledad Chapetón para resistirla, desconociendo a los nuevos subalcaldes que había designado para fulminar un fracasado paro que la población alteña no acató, respetando el voto mayoritario. Ávila pretendía que las juntas designen a los subalcaldes siguiendo un recurso vicioso que practicaron algunos alcaldes anteriores.

Acto seguido el principal dirigente Oscar Ávila fue destituido y en su reemplazo se posesionó a Rolando Huanca. Ávila fue imputado por haber transgredido los estatutos de Fejuve y haberse servido de su posición para colocar a un pariente próximo en la alcaldía, con ítem de profesional que no le correspondía. No es el único caso relativo a este tipo de organismos. El actual senador Montes fue el máximo dirigente de la COB y son innumerables las promociones logradas por la politización de muchas organizaciones.