La nueva Ley de Conciliación y Arbitraje, promulgada esta semana, es reconocida como medio legal y válido para resolver controversias sin acudir a la justicia ordinaria; sin embargo, la misma deja una serie de interrogantes.
Para Iver von Borries, la norma deja algunos vacíos, como los que las gobernaciones y municipios deberán enfrentar, ya que no permite incluir cláusula alguna sobre este tema en los contratos con los privados.
A eso también hay que añadir la decisión de excluir a los tribunales internacionales arbitrales, lo cual deja una interrogante. La Ley actuará a nivel interno, tanto para privados nacionales como extranjeros, estos últimos no podrán acudir a instancias fuera del territorio nacional.
Entretanto, Darío Monasterio, experto en temas económicos, sostiene que la aprobación de la norma es una señal a medias y espera que la misma actúe de la misma forma tanto para empresas privadas como para entidades del Estado.