Defensor del Pueblo confirma tortura y maltrato en instituciones

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, aseguró ayer que la tortura así como los tratos crueles, degradantes e inhumanos, son formas habituales y sistemáticas de conducta profundamente enraizadas en la cultura de algunas instituciones bolivianas.

“La naturaleza perversa y destructiva se puede también evidenciar en la cotidianidad de las personas, especialmente en aquellas víctimas de la violencia feminicida o del abuso sexual y físico, particularmente las mujeres, niñas, niños y adolescentes”, dijo.

La autoridad recordó que Bolivia ratificó hace más de 15 años la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; que la tortura está prohibida por nuestra Constitución Política del Estado (CPE) y que está sancionada en el Código Penal y que recientemente la administración gubernamental ha creado el Servicio para la Prevención de la Tortura.

“Hasta la fecha no se ha incluido una Ley expresa en nuestro ordenamiento jurídico, lo que permite que los casos en los que se han evidenciado, el uso de estos mecanismos, sean lamentablemente tipificados con otras figuras jurídicas, promoviéndose la impunidad, la naturalización de la tortura y la reproducción del modelo que la sustenta y la utiliza recurrentemente”, manifestó.

En ese sentido, indicó que la tortura se usa como forma de presión y coacción aplicado mayormente contra civiles acusados de la comisión de delitos, o ejercido en recintos policiales y militares como mecanismos de supuesta formación o de medidas disciplinarias.

Señaló además que “la tortura, pero especialmente los tratos crueles, degradantes e inhumanos que, preceden a los feminicidios o las vejaciones sexuales, así como la violencia física que se ha encontrado en contra de niñas, niños y adolescentes, no solamente permanecen impunes sino que, muchas veces ni siquiera son consideradas de gravedad, desestimándose de la sanción, los actos de crueldad y saña con que el depredador sexual o el feminicida ha ejercido la tortura en todas sus formas y mecanismos para someter y obligar a la víctima a acceder a sus criminales propósitos”.

CIFRAS Y CASOS

Villena informó que el sistema de recepción de denuncias de la Defensoría del Pueblo, registra en 2014 un total de 2.557 casos por vulneración de los derechos a la integridad; donde precisamente se encuentran los delitos de tortura y tratos degradantes e inhumanos.

“Esta cifra es la más alta de la gestión y supera en más del 100% a la reportada en 2013 que, alcanzó a 1.222 casos. De los 2.557 casos, 1.142 afectan a mujeres y 601 a niñas, niños o adolescentes, constituyéndose este derecho, en uno de los cuatro más vulnerados en la gestión”, aseveró la autoridad.

En relación a los casos de tortura, el Defensor recordó que, entre los más graves en el último tiempo se encuentran el de David Olorio y el Subteniente militar Poma Guanto, los de la represión en Chaparina, los evidenciados en la cárcel de El Abra, los ejercidos contra alumnos de la Escuela Básica Policial o contra conscriptos en varias unidades militares del país, así como detenidos en celdas policiales en casos de alta relevancia pública, los suboficiales presos por demandar descolonización en las Fuerzas Armadas, entre otros.

“Sin embargo son muchos más los hechos que han sido silenciados, acallados o que no se han denunciado por cansancio de los familiares, amenazas a las víctimas o el descrédito, y el estigma que pesa sobre las víctimas que muchas veces son acusados o que habrían cometido delitos”, afirmó.

Asimismo, indicó que otros casos de tratos crueles e inhumanos se han conocido en los más de 90 linchamientos sucedidos en el país en la gestión 2014, algunos de ellos concluidos con muerte o daños irreparables, donde se han ejercido tratos inhumanos y evidentes torturas por parte de grupos de vecinos en contra de presuntos delincuentes detenidos in fraganti.

“En 2014 se han incrementado la cantidad de denuncias públicas por tratos crueles e inhumanos en recintos policiales y en unidades militares, lo que muestra también que existe una mayor conciencia y claridad sobre el derecho a no sufrir estos tratos, pero también nos indica que estas formas de comportamiento continúan ejerciéndose de manera recurrente y habitual en el comportamiento institucional, pero también social, alimentado por un sistema de impunidad y aceptación Estatal que, lejos de sancionarlo o procesarlo, muchas veces lo acepta y lo promueve”, manifestó.