Tecnología para modernizar al Estado

Llegó para quedarse: el desarrollo a través de las herramientas de la tecnología es innegable.

Por ejemplo, entre los objetivos de la Unión Europea está que Estados, compañías privadas y ciudadanos europeos “sigan aportando al desarrollo de una economía mundial del conocimiento y la información y participen activamente en ella”.

Desde simples trámites hasta procesos de consulta democrática, hoy son intermediados por la tecnología (redes, aplicaciones, programas).

América Latina está obligada a encarar una Agenda Digital que tenga, entre otros, los siguientes objetivos: fomentar la investigación para desarrollar Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. Planteamos ser un hub de tecnología, como es la India. Ello será posible si es que existe un marco legislativo reglamentario y normativo que fomente inversiones, competencias y principalmente apoye innovadores.

Un ejemplo concreto: que desde los Municipios se destine partidas presupuestarias para el exclusivo desarrollo de aplicaciones/contenidos para mejorar servicios para el ciudadano.

Sólo como ejemplo: desde 1999 en Europa tienen trazada la ruta a seguir bajo la iniciativa de “eEuropa - Una Sociedad de la Información para todos”.

A ello se suma la incesante actividad para consolidar la administración electrónica (o “eGovernment”).

Si América Latina impulsara, mediante presupuestos adecuados, la utilización de las tecnologías, de seguro se diera importantes pasos hacia la modernización del Estado. Hoy las instituciones del Estado están venidas a menos, se necesita modernizar el Poder Judicial (procesos judiciales más expeditos, más técnicos, menos subjetivos); modernizar al Poder Ejecutivo (órganos de administración con mejores capacidades tecnológicas para servir al ciudadano) y el Legislativo (más representación, más participación, más involucramiento ciudadano en las deliberaciones de los parlamentarios).

Para citar dos ejemplos latinoamericanos: Bolivia y Venezuela, con sus ingentes ingresos por venta de gas y petróleo, podrían deliberar incorporar a sus presupuestos generales del Estado un porcentaje del 5% anual para generar administraciones públicas que mejoren servicios públicos con tecnologías.

Buenos servicios es sinónimo de un mejor Estado. La democracia de estos tiempos es participación y fortalecimiento ciudadano en torno a decisiones del Estado.

Desde ya, mediante una ley del Parlamento, se podría establecer servicios de tecnología para: permisos de construcción (en jurisdicciones municipales); certificados de nacimiento y matrimonio (reforma del registro de ciudadanos y tramitación de copias de documentos); registro de vehículos; declaración de la renta (a través de portales y descuentos vía caja de ahorro o cheques); toda la tramitología de importaciones/exportaciones aduanales (realizarlas on line); el registro de nuevas compañías (desde la creación hasta la baja de compañías desde el clic de las computadoras); y otros trámites que permitirán el fin de las “colas”, de la burocracia y de la pérdida de tiempo de las personas. Con tecnologías apropiadas y respaldos técnicos suficientes es perfectamente posible pensar en ese Gobierno Electrónico real.

La tecnología no sólo mejorará el desarrollo, sino contribuirá a la generación de nuevos empleos y emprendedores.

Una administración electrónica tiene por objetivo la eficacia en servicios públicos y modernizarlos, así como determinar con más precisión las necesidades de la población. De aquí surge el famoso big-data (la gran información), que será recolectada de todas las operaciones y que será útil para posteriormente hacer propuestas de mejora, planes de gobierno ajustados, etc.

El primer paso son los municipios: las “ciudades digitales” para poner la tecnología al servicio de las necesidades de los ciudadanos; para mejor gestión; trámites más sencillos y un servicio más rápido.

La tecnología está aquí para quedarse.

El autor es consultor del sector privado, sigue sus análisis en Twitteer: @bguzqueda