Sin inversión privada es imposible el desarrollo

El desarrollo y progreso alcanzado por los países del Primer Mundo es debido, en su mayor parte, a la inversión privada o, en casos, inversiones que han sido amalgamadas con los gobiernos que representan al Estado. Sólo así se han desarrollado las grandes industrias, los consorcios más efectivos y las transnacionales que han alcanzado mucho éxito por sus inversiones realizadas en otros países. Al contrario, los intentos gubernamentales por alcanzar el desarrollo sólo en base al trabajo del sector público generalmente han fracasado y sólo aquellos rubros pertenecientes al llamado “estratégico”, han quedado en un cien por ciento en poder del Estado.

Desde hace mucho tiempo, y especialmente debido a las amargas experiencias recogidas por el Gobierno y la sociedad en su conjunto, con las expropiaciones o nacionalizaciones, hay conciencia general de que es preciso lograr el desarrollo tomando al sector privado como parte fundamental o, en su caso, en forma mancomunada con el Gobierno, pero, en todo caso, siempre que la administración financiera y técnica esté a cargo del sector privado y, además, se prescinda de intereses político-partidistas que no siempre son acordes con las conveniencias del país.

El capital privado extranjero, al igual que el nacional, está, desde hace tiempo, a la espera de un estado jurídico que garantice las inversiones y para ello es urgente que la respectiva Ley de Inversiones aprobada hace tiempo se complemente con el reglamento de rigor; de otro modo, no habrá posibilidad alguna de captar inversiones foráneas y el capital nacional seguirá en espera para agrandar sus instalaciones, modernizarlas, incrementar la producción y, consecuentemente, aumentar las posibilidades de captar empleo.

Hay otro factor importante: que dentro del estado jurídico para las inversiones está el accionar bajo principios que regulan las leyes evitando incrementos salariales o creación de bonos y dádivas que afectan seriamente a los costos evitando el crecimiento empresarial; en otras palabras, atenerse a las reglas dictadas por las leyes sustantivas de la nación evitando concesiones graciosas que lo único que hacen es frenar el desarrollo y restar posibilidades de expansión económica.

Es urgente, pues, que el Gobierno tome conciencia de que sin inversión privada y sólo atenido al accionar de las empresas públicas que generalmente no producen utilidades y son, con excepciones, sólo agencias de empleo para partidarios del régimen, será imposible el desarrollo y mucho menos el progreso. No se debería olvidar, finalmente, que el sector privado tiene conciencia plena de lo que tiene que hacer porque es tan boliviano como todos los habitantes del país y busca, desde hace tiempo, hacer gestión, producir, ampliar actividades y diversificar la economía en aras de un desarrollo armónico y sostenido.