¿Por qué no denunció en su momento?

Es la pregunta que en tono molesto y recriminatorio hicieron los dos altos mandatarios del Estado a la funcionaria de la Policía Boliviana que tuvo la valentía de denunciar públicamente actos de corrupción cometidos desde hace tiempo en el interior de dicha institución. Y sin siquiera haber leído o enterarse de dicha denuncia, se la atemorizó al manifestar que por no denunciar en su debido momento o de inmediato, se ha convertido en cómplice, dando a entender que como tal también deberá ser procesada.

La ciudadanía en general y los funcionarios públicos en particular, responden con el debido respeto a dichos mandatarios, que la funcionaria policial no denunció en su debido momento o de inmediato, como se la cuestiona, simplemente porque desde hace tiempo “nadie” tiene confianza en la credibilidad de los tres Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Son razones por demás suficientes que la llevaron a un continuo cuestionamiento, al no poder confiar en alguien, es decir ¿a qué repartición ministerial acudir para sentar denuncia? ¿Con qué garantía entregar toda la documentación incriminatoria? ¿Quién garantizaba que la denunciante no sería sujeto de un continuo asedio psicológico? ¿Quién garantizaba que su domicilio no sería asaltado y sustraídos otros documentos y valores? ¿Quién garantizaba que la denunciante no sufriría atentados criminales para después ser disfrazados como supuestos accidentes casuales, suicidios por motivos sentimentales o ajuste de cuentas?

Y el ciudadano común boliviano considera que la corrupción funcionaria, política partidaria y sindical, no debe continuar por más tiempo impune, pues corremos el riesgo de que nuestras presentes y futuras generaciones tomen como ejemplo actitudes ilegales-delictivas que no sólo atentan contra los principios de moral y honestidad ciudadana, sino que peligrosamente atentan contra la dignidad e integridad de la Patria misma.

Y por último, el ciudadano común boliviano considera que por ineficacia el Ministerio de Transparencia, desde su creación a la fecha, no ha hecho conocer, públicamente, cuántas denuncias de corrupción recibió.

Por todo lo anterior, es urgente en nuestro país, una “Cruzada ciudadana contra la corrupción funcionaria gubernamental”, y cuyas denuncias, investigaciones y acumulación de pruebas constituyan base legal para el enjuiciamiento y condena correspondiente de todos los corruptos y corruptas, sin contemplación alguna. Por supuesto, también es necesaria la publicación de sus historiales delictivos y fotografías, en todos los medios de comunicación escrita, para que la ciudadanía los conozca, y como advertencia a todos los aprendices de corruptos, cuyas fotografías también serán expuestas. ¿Verdad que sí?