Defensor presenta informe sobre conflictividad

Los obstáculos para institucionalizar el diálogo son las deficiencias del Estado en la precariedad de las políticas y, en la mayoría de los casos, en la gestión pública; la ausencia de liderazgo de los tomadores de decisiones, como son las autoridades de los ministerios y las demandas excesivas que polarizan a los actores, es parte del diagnóstico que el Defensor del Pueblo realizó sobre los conflictos sociales del 2014 cuando se registraron 568.

Las intervenciones incluyeron una amplia gama de temas y actores, siendo los más complejos aquellos de alcance nacional como los casos del conflicto de los cooperativistas por la aprobación de la Ley Minera, o el de los suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas, sin embargo la mayoría tuvieron un alcance local.

La Defensoría del Pueblo ha optimizado su rol de facilitador y mediador de situaciones de conflicto social y se ha consolidado a partir de la confiabilidad ganada como un referente necesario para generar espacios de diálogo en el marco de los principios democráticos y de respeto a los derechos humanos, tal como señala el informe de evaluación de medio término realizado por una prestigiosa institución internacional de Derechos Humanos.

La mitad de los conflictos registrados alcanzaron el nivel de precrisis, lo que ya supone escenarios de toma de medidas de presión por parte de los actores demandantes, como paros, marchas y bloqueos. Aquellos que escalaron en violencia y enfrentamientos y llegaron al nivel de crisis representan el 10% de los conflictos, lo que significa -sobre un universo referencial de 568 casos- una situación violenta por semana. Este dato preocupante muestra que todavía los sistemas y mecanismos de prevención del Estado Plurinacional, a pesar de haber mejorado, no logran prevenir la escalada de violencia y encontrar soluciones a través del diálogo.