Política Internacional

GUATEMALA-ELECCIONES

Guatemala, jul (EFE).- La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala dio trámite ayer primer de julio a un amparo en el que se solicita prorrogar las próximas elecciones, convocadas para el 6 de septiembre de este año, con el fin permitir, entre otras cosas, la aprobación de reformas electorales antes de los comicios.

La solicitud fue presentada por el Movimiento Nueva República (MNR), cuyo candidato presidencial, Aníbal García, confirmó el trámite del amparo a Efe.

García agregó que ahora el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Congreso de la República tienen 48 horas (desde ayer martes) para expresar su oposición al amparo, si la hubiere.

El dirigente indicó que el amparo es una “garantía constitucional” y que lo único que solicita su formación es que, con base en “un raciocinio lógico y jurídico”, se posterguen los comicios electorales para el próximo mes de noviembre.

Antes de celebrar las elecciones, agregó, debería estar aprobada la reforma de la Ley Electoral y de Partidos, para que sea aplicable en la próxima convocatoria a las urnas, en las que unos 7,5 millones de guatemaltecos están llamados a elegir a su presidente y vicepresidente para el período 2016-2020.

También se elegirán 158 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 338 corporaciones municipales.

Respecto a la posición de la cúpula empresarial de Guatemala, que asesorada por tres abogados constitucionalistas dijo el pasado 24 de junio que “no era viable” aplazar la fecha y que “ninguna modificación a la Ley Electoral” podía entrar en vigencia después del decreto de convocatoria del TSE, García mostró su discordancia.

A su juicio, la Constitución de la República no se debe interpretar “de artículo en artículo” y sí “en su conjunto”.

En este sentido, apostilló, hay que “ponderar” principios y en la coyuntura actual la democracia del país “está en riesgo”.”Más allá de la legitimidad está la democracia”, zanjó el candidato a la Presidencia del país.EFE

URUGUAY- CÁRCELES

Montevideo, jul (EFE).- El Legislativo uruguayo designó ayer una comisión que elegirá al nuevo comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, quien supervisará el cumplimiento de la normativa de derechos humanos en las cárceles, tema por el que el país ha sido criticado por organismos internacionales.

Entre las funciones de dicho comisionado, cargo que está vacante desde fines del año pasado, se encuentran la visita regular a las cárceles, la recepción de denuncias de violaciones a los derechos de los reclusos y la formulación de recomendaciones a las autoridades penitenciarias, así como la elaboración de informes para el Parlamento, según la ley.