Suben los salarios y no hay aumento de empleos

Un informe del Banco Mundial con claridad meridiana señala: “El aumento del salario en países exportadores de materias primas fue significativo en la última década, en comparación con aquellas naciones que no venden recursos naturales y más bien se observa un estancamiento en la creación de nuevos empleos”. Dice el documento que el aumento de los ingresos por los altos precios internacionales del petróleo y materias primas no se reflejó en más oportunidades de empleo y ésta es una razón para que la pobreza no disminuya en términos apreciables.

En Bolivia, el problema es crucial porque, efectivamente, se ha hecho muchos reajustes salariales en los diez últimos años y, por el contrario, no se ha creado nuevas fuentes de empleo. Hay diversas razones para que ello haya ocurrido: en primer término, el alejamiento de las inversiones por parte del capital extranjero debido a las estatizaciones o nacionalizaciones en que ha incursionado el Gobierno con muchas empresas privadas y, además, las continuas amenazas para nuevas medidas similares que permitan el paso de empresas a la administración gubernamental.

El empresariado privado nacional se encuentra en situación dudosa porque no sabe a qué atenerse por falta del reglamento de la Ley de Inversiones aprobada hace mucho tiempo. Ese instrumento legal implica el inicio de un estado jurídico para captar confianza y credibilidad en quienes deseen invertir en el país. Por otro lado, el sector privado no se encuentra dispuesto a arriesgarse para modernizar sus instalaciones o, en su caso, adquirir nueva maquinaria para aumentar la producción y, con ello, ver posibilidades de contratar más personal.

Hay otros aspectos que desalientan la inversión: paros, bloqueos, huelgas, exigencias por parte de organizaciones sociales, como son sindicatos y otros que dificultarían un trabajo permanente; las disposiciones que obligan al pago de bonos, doble aguinaldo y otros beneficios al personal; por otra parte, la competencia del contrabando que siempre cubre el mercado con mercadería similar a la producida en el país; finalmente, la ausencia de convenios como el ATPDEA con los Estados Unidos que garantizan las exportaciones; además no se puede abrir mercados en otros países; finalmente, la permisividad para la ropa usada que, por toneladas, sigue ingresando al país, un factor que no permite que el sector de textiles pueda cumplir con sus objetivos.

El Gobierno tendrá que planificar seriamente lo que tiene que hacer, empezando por la creación de un estado jurídico que garantice las inversiones y, por otro, ajustar sus disposiciones que otorgan beneficios extraordinarios, a la realidad que vive el país. No adoptar medidas implicará que al no haber creación de riqueza, no habrá posibilidad de empleo.