Fiscalización y control de cooperativas

Las empresas locales de telefonía se transformaron en cooperativas por disposición del DS 21.060. Prestan servicios regidas por sus estatutos internos, cuyos socios eligen a sus ejecutivos de un Consejo de Administración que fija las políticas empresariales y un Consejo de Vigilancia.

Se tenía una Ley de General de Cooperativas, los servicios de telecomunicaciones eran controlados por entidades como Inalco, Dirección General de Cooperativas, unidades del Ministerio de Trabajo. Se contaba con otras como Subsecretaria de Comunicaciones, Dirección General de Telecomunicaciones (DGT), que dependían del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones.

Pero ninguna de las instituciones señaladas ha fiscalizado y regulado con principios verdaderos para garantizar la correcta conducción de las cooperativas de telecomunicaciones. Varias han pasado por muchos problemas debido al manejo delictivo que dio lugar al enriquecimiento ilícito de sus autoridades, especialmente en Cotel durante los últimos 15 años. Hubo juicios que nunca prosperaron, debido a la corruptela en el Órgano Judicial, fácilmente manipulado por los involucrados en delitos penales. Las irregularidades dieron lugar a intervenciones políticas por los gobiernos de turno. Las últimas tres intervenciones fueron realizadas por el actual Gobierno. Ninguna intervención logró transparentar la administración de Cotel que está sumida en una profunda crisis con deudas millonarias -la tienen asfixiada-, a lo que se suma la incompetencia y total desconocimiento de administración de una empresa de telecomunicaciones, surgiendo nuevamente denuncias graves, incluyendo rencillas entre consejeros. Se maneja la telefónica bajo criterio arbitrario del Presidente del Consejo de Administración, quien es cuestionado por los socios que solicitaron públicamente su renuncia, por varios delitos, incluso tiene una imputación formal por parte del Ministerio Público, lo que lo inhabilita para ejercer funciones, de conformidad con el Estatuto Orgánico de Cotel, Art. 73.

El Gobierno ha creado una institución, la Afcoop, Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas dependiente del Ministerio de Trabajo.

Se ha denunciado documentadamente anomalías y hechos ilícitos en Cotel ante la Afcoop, que curiosamente mantiene hermetismo, eludiendo sus responsabilidades. El actual Ministro de Trabajo tiene amplio conocimiento de los hechos irregulares en Cotel y lo único que hace es derivar los problemas a la Afcoop, que debería ser capaz de actuar conforme a principios técnicos, administrativos y jurídicos. Sus autoridades deberían reunir cualidades y aptitudes para aplicar la nueva Ley de Cooperativas y hacer seguimiento de todas las tareas de las cooperativas De lo contrario, es un ente público con una carga económica infructuosa para el Estado.